El proyecto de ley regula el primer párrafo del artículo 176 y el tercer párrafo del artículo 231 de la Constitución Federal, estableciendo “las condiciones específicas para la investigación y explotación de los recursos minerales e hidrocarburos y para el uso de los recursos hídricos para la producción de energía eléctrica en tierras indígenas e institutos de compensación por la restricción del uso de tierras indígenas “.

La Constitución de 1988, explica el fiscal, “no permitía la exploración y explotación de minerales en tierras indígenas; condicionó esta posibilidad ”. La regulación de estas actividades, evalúa Oliveira, no es una posibilidad real y la PL 191/2020 propone “esta intención de regular esta posibilidad condicional”.

La minería en tierras indígenas es un problema antiguo, que ahora está cobrando importancia. Según el fiscal, el problema está relacionado con la apreciación general del mineral de oro, debido a “una economía mundial que ha vivido una crisis y, por tanto, se ha basado en la revalorización del coste del mineral de oro, que ha suscitado un mayor interés ”.

Sin embargo, aliado a esta valoración del oro, Oliveira revela que la fiscalía también percibió “una ruptura absoluta por parte del Estado brasileño” para prevenir y reprimir la extracción ilegal e inconstitucional de mineral de oro, “especialmente en el interior de tierras indígenas”. .