El extractivismo legal de minerales, este año, enfrenta dos acciones que influyen el poder desarrollarse libre y legalmente, la primera es la consulta popular sobre la minería que se realizará en Cuenca el 7 de febrero, y la otra la decisión judicial sobre una demanda de amparo, interpuesta por una comunidad amazónica a la que acusan a una empresa China de contribuir al cambio climático.
Se debe entender que, para poder que el Estado asigne y apruebe concesiones, son muchos los procesos, estudios y permisos ambientales los que deben ser aprobados, tomando en cuenta que en la Constitución del Ecuador resaltan los derechos ambientales, por esta razón, para que una concesión sea aprobada, debió superar todos estos requerimientos, y ahora con consultas y demandas, hacen ver una mala imagen del Ecuador, comprometiendo la seguridad jurídica y arriesgando la inversión futura en el sector.