Recordemos que este 29 de marzo, un tribunal provincial de Imbabura reconoció que las empresas, CODELCO y ENAMI, violaron el derecho constitucional a la consulta de las comunidades y los derechos de la naturaleza garantizados por la Constitución de Ecuador desde 2008.

Este proyecto empezó sus actividades en el año 2014 y no ha logrado despegar hasta este 2023, teniendo como consecuencia de una larga presencia sin aciertos en territorio, pues, a lo largo de los años se han presentado una serie de cuestionamientos y procesos legales impulsados por comuneros de Intag y defensores de la naturaleza, que advierten sobre la falta de control de parte del Ministerio de Ambiente así como arbitrajes internacionales por incumplimientos entre las partes encargadas de desarrollar el proyecto cuprífero.

El megaproyecto minero Llurimagua en el Valle de Intag, buscaba explotar a cielo abierto más de 200.000 toneladas de cobre al año por hasta 27 años. Esta concesión minera se encuentra en los Andes tropicales, el punto de mayor biodiversidad del mundo, hogar de docenas de especies amenazadas y endémicas, incluidas dos especies de ranas casi extintas.

Es así como dentro de la resolución emitida por el tribunal, declara que existe vulneración a los derechos relativos a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia por parte de el Ministerio del Ambiente ya que en aquella época se otorgó la licencia en 2014 “sobre la base de un estudio de impacto ambiental, vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las antedichas comunidades”.

Al mismo tiempo, aceptó la solicitud de protección presentada por los demandantes, con lo cual se revoca la licencia ambiental y se suspende inmediatamente toda actividad minera en la zona.

Este cruda lección para CODELCO, debe ser asumida por el sector minero como un referente ante otras, y no descuidar las buenas relaciones con las localidades.

Sin embargo, en nuestra misión de elevar el debate nacional sobre el tema minero, y evitar el advenimiento del populismo ecologista que desde los interéses que ONG’s extranjeras disponen a sus acólitos en Ecuador, pretenden negar el derecho, que tiene un Estado, de explotar sus recursos mineros de manera racional.

Y, que el desarrollo de la actividad minería responsable, que respete la naturaleza y minimice el impacto ambiental sea este al aplicar todos, la tecnología posible.

Y por otra parte, maximizar los beneficios económicos y sociales que toda industria genera, cuando genera lazos comunicantes con el desarrolo local a través de relaciones con las comunidades.

A.Ch.