Que el sector productivo minero formal, generador de miles de puestos de trabajo, de las divisas tan necesarias para sustentar un sistema monetario dolarizado; y, verdaderos dinamizadores de economías de sectores populares abandonados, siente que lo pretenden aniquilar.
«No solo esta el accionar mediatico y politico de muchos jueces constitucionales, para los cuales nuestros derechos constitucionales no cuentan; también y abiertamente esta el accionar politiquero de muchos candidatos y autoridades de elección popular, preocupadas tan solo y a cualquier precio en conseguir su elección o reelección, cuando abrazan posiciones ambientalistas extremas, pues dicen esto da votos, asi como el declarar sin un sustento, planes y presupuestos territorios libres de mineria, zonas protegidas, intangibles o zonas de recarga hídrica, declaran bosques protectores a millar y surgir», asevera Vargas.
Para Vargas, lo más grave e insólito viene desde las propias filas y esferas de Estado ecuatoriano, cuando contrariando al discurso político de la trascendencia del sector petrolero y minero, son sus propias autoridades quienes ante una amenaza de paralización y caos en el país; a espaldas del 87 % de la población ecuatoriana, firman una inviable moratoria petrolera, minera y ambiental.
En este punto ratifica que una vez más en el país no existe seguridad jurídica, ahuyentan la poca inversión interesada en estos sectores; estas circunstancias además son el caldo de cultivo propicio para el incremento de la minería ilegal, a quienes en el fondo se les esta haciendo el juego; tambien aumenta y alimenta la corrupción que se desborda en las instituciones vinculadas al sector, entre otros muchos males.
«Que nos queda, bajo ningun concepto aceptariamos esta invitacion a ser mineros informales que es lo más fácil y rentable en este país; tampoco queremos ser un número más de los 30.000 mil migrantes deportados, acaso deberiamos hacer lo que ellos hacen para ser escuchados, realizar un Gran Paro Nacional de Minería, con toda nuestra gente en las carreteras ?, reclamamos respeto y la posibilidad de realizar nuestra labores mineras acorde al marco constitucional y legal como cualquier otra actividad productiva formal y de esta forma generar empleo, divisas y redistribucion de riqueza», mencionó.
B.M