El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el primer gobierno autónomo indígena reconocido en Perú, ha levantado una enérgica denuncia ante las autoridades gubernamentales por un ataque masivo de minería ilegal en su territorio. Según informes de la comunidad indígena, aproximadamente 50 mineros ilegales, provenientes de Colombia, Venezuela y Brasil, han sido detectados en la zona, armados y reteniendo a miembros de la comunidad nativa, generando un ambiente de miedo y constante amenaza.
La presencia de más de 25 dragas, maquinaria prohibida utilizada en la minería ilegal, en la cuenca del río Santiago, un afluente vital para la subsistencia de los Wampis, ha levantado alarmas sobre la creciente invasión de actividades mineras ilegales en la región, que abarca desde el sur de Ecuador hasta el norte de Perú. Este preocupante panorama ha sido atribuido a un funcionario del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), organismo dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), quien ha sido señalado de haber promovido la explotación minera ilegal dentro de la Reserva Comunal Chayu Nain.
El 16 de febrero, comuneros y comuneras Wampis tomaron la valiente decisión de detener la operación de siete dragas en la comunidad nativa Villa Gonzalo, evidenciando una preocupante ausencia de presencia estatal en el área. Sin embargo, a pesar de la detención de los operadores de las dragas, existe temor a represalias por parte de las autoridades indígenas, lo que podría resultar en su liberación.
El Sernanp ha enfrentado severas críticas por su manejo de la situación, particularmente tras el reubicamiento de un funcionario acusado de fomentar la explotación minera ilegal dentro de la Reserva Comunal Chayu Nain a una nueva posición en la Reserva Comunal Machiguenga. Esta acción ha provocado indignación en el GTANW, que considera que el Estado peruano está fallando en su deber de proteger los territorios indígenas y el medio ambiente.
Ante este panorama, los Wampis no descartan llevar el caso a instancias internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, para exponer lo que describen como el «falso ambientalismo» del Estado peruano. La situación subraya la creciente tensión entre la administración de áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas en un contexto donde el respeto por el medio ambiente y los pueblos originarios debería ser una prioridad indiscutible.
C.A.