El ministro Roberto Luque confirmó que la Fiscalía General del Estado concluyó la investigación previa del denominado caso Progen sin incluirlo en la formulación de cargos, tras casi un año de indagaciones relacionadas con procesos de contratación eléctrica durante la crisis energética.

Según el propio funcionario, la investigación recabó más de 60 versiones y requirió información patrimonial a entidades como la UAFE, el SRI y la Superintendencia de Compañías, sin que se evidencien irregularidades en su contra. El proceso estaba vinculado a decisiones adoptadas en el contexto de la emergencia eléctrica, particularmente en contratos gestionados por la empresa pública CELEC.

El llamado “caso Progen” adquiere relevancia en el sector energético porque expone las tensiones estructurales en la contratación pública durante crisis de abastecimiento. Ecuador enfrentó en ese período restricciones severas en generación eléctrica, lo que obligó a acelerar procesos de adquisición de energía y equipamiento, muchas veces bajo esquemas excepcionales.

Desde una perspectiva de análisis sectorial, el caso abre un debate más amplio: la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia sin paralizar la capacidad de respuesta del Estado en contextos críticos. Para la industria minera —altamente dependiente de un suministro eléctrico estable— estos episodios evidencian la urgencia de reglas claras que garanticen tanto seguridad jurídica como eficiencia operativa.

Luque sostuvo que será la justicia la que determine responsabilidades en otros niveles, mientras el sector energético observa con atención las implicaciones del caso en futuras políticas de contratación y gestión de crisis.