El jueves 25 de mayo, en Perú, el Congreso aprobó que la maquinaria incautada en actividades mineras no sea destruida. Existen muchas personas y entidades que piden que se reflexione sobre el impacto negativo que puede acarrear la ley.

El proyecto plantea que la maquinaria hallada en campamentos ilegales, en lugar de ser destruida, pase a la jurisdicción de gobiernos regionales y locales. El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), será la entidad encargada de realizar dicha asignación.

Esta decisión, sin duda, podría afectar la lucha contra la minería ilegal en Perú. Ministerios y expertos del asunto concuerdan en que el proyecto debería ser evaluado nuevamente, pues consideran que no es viable, y más bien facilita el trabajo de la actividad ilícita.

La corrupción vendría a jugar un papel muy importante, ya que los gobiernos a los que se busca trasladar la maquinaria tienen a muchas personas de poder que podrían interferir en los procesos. Esto podría afectar la lucha por combatir la minería ilegal.

El Congreso aprobó con rapidez la ley propuesta por Eduardo Salhuana tras un debate casi inexistente de las consecuencias que esta decisión podría acarrear.

Los únicos que expresaron su agrado con la aprobación de esta ley fueron los gobernadores regionales y locales, que saldrán beneficiados con la obtención de maquinaria.

A.V.