Marcha en Quito a favor de la minería responsable, inversión y el empleo, solicitando al Presidente Daniel Noboa que revise la tasa de fiscalización minera.

Diversos gremios del sector minero ecuatoriano han anunciado una movilización para este miércoles 6 de agosto, en rechazo a la tasa de fiscalización minera impuesta por el Gobierno Nacional. La marcha partirá a las 09:00 desde el Parque El Arbolito y se dirigirá hacia la Corte Constitucional, en el centro norte de Quito.

La convocatoria está liderada por organizaciones como la Cámara Nacional de Minería, la Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara de Minería del Azuay, la Cámara de Minería de Loja y la Unión de Mineros de Zamora, quienes han expresado su preocupación por los efectos que esta medida podría tener sobre la estabilidad del sector formal.

Según los gremios, la tasa, vigente desde mayo de 2025, representa una carga económica que pone en riesgo la inversión nacional y extranjera, así como miles de empleos directos e indirectos en toda la cadena minera. También han cuestionado su legalidad y técnica, argumentando que no fue consultada con el sector y que carece de una justificación adecuada.

“El sector minero formal ha cumplido con sus obligaciones, aporta significativamente a la economía nacional y necesita reglas claras y estables. Esta tasa pone en peligro proyectos que aún se encuentran en fase de exploración y desarrollo”, señalaron en un comunicado conjunto.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la implementación de la tasa como un mecanismo para fortalecer las capacidades de supervisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), especialmente en territorios afectados por la minería ilegal. Se estima que la tasa podría generar entre 100 y 220 millones de dólares anuales, recursos destinados exclusivamente a labores de fiscalización.

Mientras tanto, varias empresas mineras ya han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, buscando frenar su aplicación.

La movilización del 6 de agosto marca un nuevo capítulo en el debate entre el Ejecutivo y el sector minero, en un contexto de crecimiento de las exportaciones y del papel estratégico de la minería en la economía ecuatoriana.Quito, 5 de agosto de 2025 – Diversos gremios del sector minero ecuatoriano han anunciado una movilización para este miércoles 6 de agosto, en rechazo a la tasa de fiscalización minera impuesta por el Gobierno Nacional. La marcha partirá a las 09:00 desde el Parque El Arbolito y se dirigirá hacia la Corte Constitucional, en el centro norte de Quito.

La convocatoria está liderada por organizaciones como la Cámara Nacional de Minería, la Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara de Minería del Azuay, la Cámara de Minería de Loja y la Unión de Mineros de Zamora, quienes han expresado su preocupación por los efectos que esta medida podría tener sobre la estabilidad del sector formal.

Según los gremios, la tasa, vigente desde mayo de 2025, representa una carga económica que pone en riesgo la inversión nacional y extranjera, así como miles de empleos directos e indirectos en toda la cadena minera. También han cuestionado su legalidad y técnica, argumentando que no fue consultada con el sector y que carece de una justificación adecuada.

“El sector minero formal ha cumplido con sus obligaciones, aporta significativamente a la economía nacional y necesita reglas claras y estables. Esta tasa pone en peligro proyectos que aún se encuentran en fase de exploración y desarrollo”, señalaron en un comunicado conjunto.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la implementación de la tasa como un mecanismo para fortalecer las capacidades de supervisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), especialmente en territorios afectados por la minería ilegal. Se estima que la tasa podría generar entre 100 y 220 millones de dólares anuales, recursos destinados exclusivamente a labores de fiscalización.

Mientras tanto, varias empresas mineras ya han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, buscando frenar su aplicación.

La movilización del 6 de agosto marca un nuevo capítulo en el debate entre el Ejecutivo y el sector minero, en un contexto de crecimiento de las exportaciones y del papel estratégico de la minería en la economía ecuatoriana.