Un nuevo flanco podría abrirse en marzo para Pascua Lama. A la paralización del proyecto y el análisis de Barrick para diseñar una nueva forma de explotar el yacimiento -que incluiría hasta un posible cambio de nombre-, se suma un proceso judicial capaz de complicar la decisión de la canadiense de revivir la millonaria faena ubicada en Atacama.

Se trata del recurso de protección que en diciembre de 2015 interpuso la Junta de Vigilancia del Río Huasco en contra del plan de cierre temporal y parcial que Sernageomin aprobó para la minera en septiembre de ese mismo año.

La acción legal, patrocinada por el abogado Cristián Gandarillas, fue rechazada en agosto pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero hoy ya está en la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento se espera para marzo próximo.

La entidad, que agrupa a 2.300 agricultores de la zona del Huasco, con la que Barrick tiene un compromiso de financiamiento que data desde 2006, argumenta en su recurso que, debido al cierre de Pascua Lama, la minera estaría contaminando la zona porque no se habrían tomado las medidas necesarias para el plan de monitoreo de las aguas, principal flanco ambiental de la iniciativa y una de las razones por las cuales la entonces naciente Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) le aplicó en 2013 una millonaria sanción, que hoy se encuentra en revisión por parte de la actual administración de la entidad, a cargo de Cristián Franz.

“La situación creada por la aprobación del Plan de Cierre Temporal (PdCT) es de extrema gravedad, pues autoriza el cierre temporal de las faenas mineras del proyecto Pascual Lama sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para asegurar la estabilidad física y química de las aguas afectadas por dicho proyecto conforme ordena la ley, y sin que se tenga claro hasta el momento cuál ha sido exactamente la extensión del daño ambiental causado por Compañía Minera Nevada (CMN) por sus innumerables incumplimientos ambientales”, señala el recurso de protección (ver extractos).

La compañía se defiende afirmando que, pese al cierre de la mina, las instalaciones relacionadas con el manejo de las aguas siguen en funcionamiento. “El recurso de protección en contra del plan de cierre temporal parcial de Pascua Lama se basa en el supuesto de que no se estaría cumpliendo con los compromisos relativos al manejo del agua, lo que es completamente incorrecto. El PdCT es explícito en señalar que siempre se ha mantenido operativo el sistema de manejo de aguas y que se mantendrá en el período de vigencia del plan. El PdCT en nada afecta las obligaciones emanadas de la RCA relativas al manejo del agua, las que continúan en vigor y son sujeto a monitoreo permanente”, indican en Barrick.

Sernageomin también se defiende: “De acuerdo a lo establecido en la Ley de Cierre de Faenas (Ley 20.551), Sernageomin es el órgano de la administración del Estado encargado de revisar y de aprobar sectorialmente los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones”, señala el subdirector nacional de Minería de la entidad, Hugo Rojas. Añade que, en este caso, “la empresa presentó los antecedentes que permitieron cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de cierre, en conformidad con la ley”.

La Junta de Vigilancia incluso cuestiona la validez del PdCT, debido al proceso sancionatorio que la SMA aún tiene abierto contra la minera, donde Pascua Lama suma 33 infracciones y arriesga la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La minera, en tanto, indica en una carta enviada a la SMA en diciembre del año pasado, que “la presentación y aprobación del plan de cierre temporal de Pascua Lama en nada obsta a la tramitación y conclusión de los procesos sancionatorios actualmente pendientes ante esta superintendencia”.

Pero la motivación esencial de la Junta de vigilancia estaría relacionada con el fondo de compensación ambiental que la firma selló con ellos el 2006 y en el que Barrick se comprometió a entregar un aporte total de US$ 60 millones, desglosados en el desembolso de USD 3 millones anuales durante dos décadas.

El problema es que la aprobación del Sernageomin abrió el espacio para que Barrick invoque una de las cláusulas impuestas en el protocolo: la número ocho, que indica que la minera puede suspender el pago de las cuotas, siempre y cuando se deba a razones de mercado. “Es probable que el año 2015 se haya dado ese escenario, porque las condiciones del mercado eran malas, pero la verdad es que Pascua Lama paralizó sus actividades mucho antes y por problemas ambientales, y mientras ellas no estén resueltas no pueden aplicar una suspensión basada en razones del mercado”, explicó un cercano a la Junta de vigilancia.

El dilema del plan de compensación es mencionado en los documentos enviados por el organismo a la Corte Suprema: “Valga señalar que el cierre temporal decretado por el Sernageomin ha sido utilizado por Pascua Lama como una excusa para asfixiar económicamente a la junta de vigilancia y evitar su disidencia en este caso”, indica el documento.

Añade que “es así que con la aprobación del plan de cierre la compañía Minera Nevada ha incumplido unilateralmente el protocolo de cumplimiento ambiental suscrito con la junta de vigilancia”.

Y señala además que “la verdadera intención detrás del plan de cierre” es, entre otras cosas, “tratar de evitar el pago de las sumas adeudadas”.

A la fecha ya son dos cuotas las que Barrick no ha cancelado, lo que se suma a que la minera no seguirá transfiriendo esos aportes mientras se mantenga el cierre temporal.

Para zanjar este punto, en específico, la Junta de Vigilancia recurrió al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago), relata la fuente cercana a la junta de vigilancia, proceso que actualmente está en receso por vacaciones, pero que en marzo retomaría sus funciones. A cargo de este caso está el árbitro Julio Pelligrini.

Por este motivo, marzo se ha transformado en un mes clave para Pascua Lama. La principal preocupación de Barrick está en la decisión que tome la Tercera Sala de la Corte Suprema, que preside el juez Sergio Muñoz, sobre todo luego de que el pasado lunes 30 de enero emitiera un fallo en el que revocó el permiso ambiental entregado al Terminal de GNL Penco Lirquén, de Andes LNG, con lo cual dio de paso una señal de cambio respecto de la instancia que analiza un recurso de protección, antes resuelto por los tribunales ambientales (ver nota secundaria).

Al interior de la minera temen que la Suprema rechace el plan de cierre autorizado por Sernageomin, lo que obligaría a Barrick a reabrir la faena antes de lo esperado, lo que conllevaría un gasto no contemplado de unos US$ 200 millones anuales para mantener una mina que ni siquiera estaría en condiciones de producir oro.

La canadiense tomó la decisión de cerrar la faena luego del escenario negativo que comenzaron a experimentar los commodities, en especial el oro, metal que arrastraba tres años de bajas.

Además, la decisión fue parte del agresivo plan de ajuste de costos que la compañía implementó en 2015 a nivel global y que implicó la enajenación completa o parcial de algunos de sus activos, como lo ocurrido en Chile al venderle al grupo Luksic el 50% de la mina Zaldívar en USD 1.005 millones.