Como parte de las políticas públicas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal promueve un nuevo paradigma en el desempeño de las actividades mineras en el territorio nacional.
Lo anterior tiene su fundamento en impulsar un conjunto de buenas prácticas en el sector minero, mismas que se suman al marco legal ya existente y que tienen como su principal intención reducir al mínimo los impactos ambientales y propiciar relaciones de respeto y diálogo con las comunidades.
María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, señala que desde esta dependencia federal se encuentran invitando «a la industria minera de México para que acelere la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en responsabilidad socio-ambiental. Como parte de la transformación del sector ambiental creemos firmemente en que este nuevo paradigma debe y puede ser implementado de manera conjunta entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en los próximos años».
Por su parte, Adrián Pedroza Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, destaca que la publicación tiene como propósito promover «las mejores prácticas referentes a la planeación y gestión hídrica de esta industria, con el fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de cuencas y acuíferos en nuestro país. Es una iniciativa que constituye una nueva forma de relación entre el sector privado, el gobierno y la sociedad, a fin de reducir los riesgos de conflictos hídricos derivados de esta actividad económica». Este documento retoma las experiencias de buenas prácticas en el sector minero suscitadas en Canadá, Argentina y España, e incorporara elementos de los modelos de buenas prácticas del Consejo Internacional de Minería y Metales, el Instituto Internacional de Manejo del Cianuro, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Centro Argentino de Estudios Internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-ONU, el Instituto de Recursos Mundiales; entre otras instituciones internacionales, y también toma en cuenta las leyes y Normas Oficiales Mexicanas en la materia.