Aunque, entre los principales déficits de gobernanza encontrados por especialistas del Natural Resource Governance Institute (NRGI), están vinculados con el cierre de minas, el reasentamiento de las poblaciones y la compensación a las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Según Claudia Viale, oficial senior de NRGI para América Latina, se debe priorizar el cumplimiento de la normativa ambiental y social y seguir avanzando en la transparencia para garantizar el desarrollo de los territorios mineros, mitigando los impactos ambientales y la conflictividad social.
Asimismo, el IGR recomienda que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publique la información sobre el pago de impuestos, regalías y otros, empresa por empresa y no solo información global de todo el sector.
Además, señalan que hace falta información acerca de los dueños o “beneficiarios reales” de las empresas mineras a fin de prevenir o identificar riesgos de corrupción o elusión de impuestos.
También recalcan que pese a que los procedimientos de cierre de minas están explicitados por ley, desde que se aprobó su reglamento, no se ha emitido ningún certificado oficial que acredite el cumplimiento de las empresas. Y, hay que añadirle que no existen normas sobre el reasentamiento de poblaciones por proyectos mineros y su implementación se deja a voluntad de las firmas.
El panorama para el sector minero es positivo en el corto y mediano plazo – concluye NRGI – explicado por las perspectivas de aumento de la demanda y precios internacionales de los minerales; la intensidad mineral de las nuevas tecnologías renovables para la transición energética global y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
“En este contexto, el gobierno debe sentar las bases para que el país, y en particular los territorios productores, se beneficien del nuevo boom minero”, anota Viale.