Lima, Perú — En un año marcado por las elecciones presidenciales y legislativas, los desafíos ambientales de Perú se consolidan como un tema central que candidatos, autoridades y sociedad civil deben abordar con urgencia. El país se enfrenta, en 2026, a una compleja intersección entre la degradación ecológica y el avance de economías ilícitas que amenazan territorios, comunidades y el propio Estado de derecho.

Minería ilegal: un flagelo persistente

La minería ilegal continúa expandiéndose en múltiples regiones del país, especialmente en la Amazonía y la sierra, con efectos devastadores sobre ríos, bosques y la vida de miles de familias. Según reportes ambientales, más de 225 ríos y quebradas de la Amazonía peruana están ya afectados por la extracción ilícita de oro, que destruye ecosistemas y contamina con mercurio el agua y los suelos, poniendo en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

La percepción ciudadana también refleja esta crisis: una encuesta nacional reciente reveló que el 94 % de los peruanos vincula la corrupción con actividades como la minería ilegal, tala y narcotráfico, evidencia de cómo estas economías ilícitas erosionan la confianza en las instituciones.

Crimen organizado y violencia asociada

La minería ilegal en Perú no solo degrada el medioambiente, sino que está estrechamente ligada al crimen organizado. Grupos delictivos han penetrado territorios ricos en recursos minerales, imponiendo controles, extorsionando a comunidades y, en varios casos, desplazando violentamente a quienes se oponen a sus prácticas.

Incluso se han reportado ataques violentos contra mineros informales en zonas como La Libertad, donde recientes enfrentamientos dejaron muertos y desaparecidos, en un contexto donde las bandas criminales compiten por el dominio de áreas estratégicas de extracción.

Un año electoral con ambiente en la agenda

Expertos y organizaciones ambientalistas sostienen que las propuestas de los candidatos deben incluir compromisos claros para proteger el medioambiente y desarticular las redes criminales que aprovechan las debilidades institucionales para operar con impunidad. La inclusión de la agenda ecológica en los programas políticos es vista como indispensable para una gestión sostenible del territorio.

Además, líderes comunitarios y defensores del ambiente exigen acciones concretas para fortalecer la fiscalización, mejorar la formalización de la minería y apoyar alternativas económicas legales en zonas afectadas por economías ilegales.

Desafíos para la política pública

Aunque el Estado ha prometido aumentar los recursos destinados al combate de la minería ilegal, analistas advierten que muchos de estos fondos se concentran en operativos policiales y militares, sin abordar de manera integral la formalización, la justicia ambiental y la reconstrucción institucional necesaria para una lucha sostenible contra el crimen organizado.

En este contexto, 2026 se perfila como un año definitorio para que Perú logre poner el ambiente y la seguridad democrática en el centro del debate nacional.