En un preocupante panorama, la minería ilegal se ha apoderado de 25 millones de hectáreas en el país, según revela el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). Los conflictos sociales han alcanzado un récord, superando los 220 casos en los últimos meses, siendo más del 60% relacionados con la minería, según datos de la Defensoría.
Este aumento en los conflictos se acompaña de un incremento en las acciones de protesta colectiva, que han pasado de 232 en agosto a 410 en octubre. José de Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 42% de los conflictos se ubican en el norte, el 34% en el sur y el 20% en el centro del país.
Conflictos activos en Chumbivilcas, Cotabambas, Huanta y el avance peligroso de la minería ilegal en Pataz (La Libertad) acentúan la crisis. El OCM alerta sobre la expansión de la minería ilegal a las fronteras con Ecuador y Colombia, impactando a comunidades indígenas.
En los últimos 15 años, la minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial, ocupando aproximadamente 25 millones de hectáreas a nivel nacional. Este dato supera las concesiones mineras formales que abarcan cerca de 20 millones de hectáreas, según De Echave.
La minería ilegal afecta casi todos los departamentos y emplea a aproximadamente 400,000 trabajadores, superando a la minería formal que cuenta con 220,000 empleados. Esta situación la convierte en un sector electoralmente atractivo con influencia política significativa.
La subdirectora de CooperAcción, Ana Leyva, destaca la expansión de la minería ilegal debido a la ausencia del Estado, agravada durante la pandemia. La crisis ha dejado regiones vulnerables, exigiendo un control efectivo de la cadena de suministros.
Mirtha Villanueva, directora de Grufides, subraya la urgencia de fortalecer las organizaciones sociales de base para hacer frente a la minería ilegal, destacando que mujeres y niños son los más afectados. Enfrentar esta problemática implica una acción conjunta de la sociedad para contrarrestar sus impactos perjudiciales.
C. A.