La Asamblea Nacional aprobó conceder 268 amnistías, la madrugada del pasado 10 de marzo. De estas, existen casos por minería ilegal, cuando la ley estipula solo puede dar indultos al tratarse de delitos políticos o conexos con los políticos.

En total, son 60 casos por “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.

Entre los “defensores de los territorios comunitarios”, se trata de casos investigados por actividad ilícita de recursos mineros, asociación ilícita, intimidación, lesiones, robo, daño a bienes ajenos y tráfico de tierras, que han causado daños sociales y económico a la población y al país entero, lo cual evidentemente, no se vincula con delitos políticos.

Amparándose en esta categoría, los mineros ilegales de Buenos Aires, provincia de Imbabura, se valieron de sus nexos con asambleístas como Mario Ruiz, quien justamente fue ponente del informe, para colocar su nombre en la lista de las personas a recibir la amnistía.

Entre los amnistiados constan personas que han trabajado desde años atrás con Ruiz cuando este era abogado de los mineros ilegales, hoy antimineros, previo a ser legislador. Cabe señalar que existe una denuncia contra el asambleísta por solicitar, mediante terceros, la suma de USD 80 000 para permitir que la empresa Hanrine opere en la zona.

A esto se le suma la existencia de un cuaderno donde se detallan las operaciones mineras ilegales a nivel nacional y sus nexos con políticos, fundaciones y legisladores, donde figura Ruiz nuevamente.

José Fraga Pergueza, quien ha sido fotografiado junto al legislador Ruiz en un fraterno saludo, es uno de los indultados. Fraga, quien aparece en los informes de los militares durante los operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires, sería quien lidera la Embajada Zarumeña, donde se orquestan todas las operaciones de extracciones ilícitas de El Oro.

También vinculado con la minería ilegal, Abel Eduardo Cárdenas Muela recibió amnistía. En total son seis casos los relacionados con las extracciones ilícitas de Buenos Aires, cuyos procesos que nada guardan relación con delitos políticos, sino con atentados contra la empresa Hanrine con el objetivo de controlar la explotación de minerales en la zona de forma ilegal, cuyos ingresos resultan millonarios.

De esta manera la Asamblea Nacional sirvió para que mineros ilegales evadieran sus procesos judiciales y continúen sus acciones ilícitas, a través de sus figuras dentro del parlamento, como lo es Ruiz.

Con esta medida también se afecta la seguridad jurídica de la empresa minera y se atenta contra el desarrollo de este sector estratégico al incentivar a la minería ilegal.