La minería ilegal aprovecha las necesidades de las comunidades rurales y de bajos recursos para ofrecer una fuente de ingresos abajo un alto costo, como explotación laboral, violencia y privación de libertad si son descubiertos por las autoridades competentes.

Otra de las problemáticas que se genera cuando existe excavaciones informales es el trabajo infantil, el cual constituye una grave violación a los fundamentales derechos de la infancia y de la adolescencia y por ello, su erradicación debe ser un asunto prioritario en cualquier agenda de desarrollo.

El Ministerio de Trabajo de Ecuador reconoció que se han identificado a menores entre 15 y 17 años haciendo labores mineras artesanales en Zamora Chinchipe, El Oro, Napo y Pichincha, pero hasta el momento no han podido dar datos oficiales.

Ecuador es signatario de los Convenios 182 y 138 de la de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), así como de la Convención de los Derechos de los Niños/as, en los que se estipula la edad mínima a la que un niño o niña puede trabajar y se prohíbe el trabajo infantil en actividades riesgosas.

Una de las peores formas de trabajo infantil, descritas en el convenio 182 de la OIT, es la actividad ilícita.

Dentro de los trabajos peligrosos la minería es considerada como uno de los más nocivos. En el sector minero, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es el subsector donde es más común, pues debido a su condición artesanal y de pequeña escala, es realizada en contextos rurales donde la pobreza, la informalidad y la falta de oportunidades son comunes

La relación entre pobreza y trabajo infantil hace que el trabajo infantil minero sea una opción de ingresos para muchas familias en situación de vulnerabilidad, obstaculizando la educación y con ello la movilidad social, contribuyendo así a reproducir el círculo vicioso de la pobreza.

La minería ilegal genera consecuencias en diferentes ámbitos, un reciente informe emitido por el Banco Mundial (BM) indicó que el trabajo infantil se ha proliferado en Ecuador, Perú y Bolivia a causa de las extracciones informales.

El BM aseguró que 65.000 niños trabajan en las mineras informales en Ecuador, Perú y Bolivia. A pesar de ser una labor prohibida en el país por las leyes del Ecuador, el organismo no ofreció información sobre los lugares donde estarían los niños ni sus condiciones.

Cabe destacar que, las formas asociativas de los empresarios mineros tienen una incidencia positiva en el trabajo infantil, es decir que actúan y abogan por su erradicación.

El trabajo infantil no resulta un mecanismo adecuado para promover el desarrollo cognitivo, debido a que especializa la acción desde muy temprana edad, cierra las posibilidades de conocimiento y, por ende, las oportunidades de acción en la vida adulta.