El proceso de formalización minero fue creado en 2012 con la promesa de regularizar la extracción informal de oro. Sin embargo, debido a sus múltiples ampliaciones, se ha convertido en una herramienta que facilita el blanqueo de mineral ilegal. Una investigación de OjoPúblico revela que, a pesar de que la ley lo exige, por lo menos 5,800 personas y empresas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no reportaron su producción entre 2021 y 2023.

El Congreso eligió recientemente a Eduardo Salhuana, del partido Alianza para el Progreso (APP), como presidente de la Mesa Directiva. Salhuana, quien tiene amplios vínculos con la minería informal, ha impulsado seis proyectos a favor de esta actividad. A pesar de los niveles alarmantes de deforestación causados por la minería ilegal, Salhuana, legislador por Madre de Dios, una de las regiones más afectadas, se ha convertido en un defensor de estos mineros. Además de sus esfuerzos legislativos, ha sido abogado de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).

El análisis de OjoPúblico también destaca las graves incongruencias en los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En 2023, la cantidad de producción de oro declarada en el Reinfo fue 500,000 veces mayor que los datos del Minem. Asimismo, más de 5,800 inscritos en el Reinfo no cumplieron con la declaración semestral obligatoria de producción de oro, sin recibir sanciones por parte del Estado.

El proceso de formalización, que comenzó en 2012 y se reforzó en 2017 con la creación del Reinfo, ha tenido cuatro ampliaciones y una más en marcha. Los inscritos en el Reinfo están eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, lo que ha generado preocupación entre procuradores y fiscales ambientales. Entre enero y diciembre de 2023, el Gobierno reportó una producción de oro en Madre de Dios de 1.4 toneladas, mientras que los datos recopilados por OjoPúblico indican una producción de 8.5 toneladas en el mismo periodo.

La plataforma del Minem, que debe registrar las declaraciones anuales de los mineros, muestra más de 1,400 incumplimientos entre 2021 y 2022. Sin embargo, no detalla si se impusieron multas o se suspendieron actividades. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estima que la minería ilegal movilizó USD 7,736 millones entre enero de 2014 y febrero de 2024, posicionándose como la principal amenaza de lavado de activos en el Perú.

A pesar de los esfuerzos por obtener respuestas del Minem sobre las medidas para garantizar la veracidad de la información declarada y las sanciones aplicadas, OjoPúblico no recibió respuesta al cierre de este informe. La falta de supervisión efectiva y las inconsistencias en los datos subrayan la necesidad urgente de reformas en el sistema de formalización minera en el Perú.

Fuente foto:  https://ojo-publico.com/

C.A.