Los recursos que genera esta actividad fortalecen redes ilegales y profundizan el daño ambiental.

La minería ilegal se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento de estructuras ilícitas en el país. Su expansión no solo provoca graves afectaciones al ambiente, sino que también impulsa economías paralelas asociadas al lavado de activos, tráfico de armas y control irregular de territorios.

Las operaciones ilegales se concentran en varias zonas estratégicas de la Sierra, la Amazonía y la Costa, donde el Estado enfrenta dificultades para mantener una presencia permanente. Aunque se han ejecutado operativos y decomisos, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la capacidad económica y logística de las organizaciones que sostienen esta actividad.

El desafío es doble: recuperar el control de los territorios afectados y diferenciar con claridad la minería artesanal formal de aquella que opera al margen de la normativa, para evitar que la ilegalidad continúe erosionando la seguridad, el ambiente y la institucionalidad del país.