La minería ilegal continúa expandiéndose en el sur del Ecuador, pese a los reiterados impactos ambientales, sociales y de seguridad que genera en zonas estratégicas del país. Esta vez, una operación militar ejecutada en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, dejó en evidencia la magnitud de la actividad ilícita que se desarrolla en el sector El Zarza, parroquia Los Encuentros.

Efectivos del Ejército Ecuatoriano intervinieron el área y lograron inhabilitar tres excavadoras, tres dragas a motor, dos clasificadoras tipo Z, tres motores de succión de agua y un campamento destinado exclusivamente a la extracción ilegal de material aurífero. Durante el operativo también se hallaron 1.800 galones de diésel, insumo clave para el funcionamiento de estas operaciones clandestinas.

El despliegue confirma que la minería ilegal en Yantzaza no se limita a prácticas artesanales aisladas, sino que opera con maquinaria pesada, combustibles en grandes volúmenes y una logística organizada, factores que profundizan la degradación ambiental, la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro del tejido social en la zona.

Las Fuerzas Armadas, a través del Batallón de Selva N.° 62 Zamora, informaron que las actividades ilícitas fueron suspendidas; sin embargo, el operativo vuelve a plantear una interrogante recurrente en territorios mineros: ¿cuánto tiempo permanecen paralizadas estas operaciones y qué mecanismos de control existen para evitar su reactivación?

Mientras la minería formal enfrenta trabas regulatorias, conflictos sociales y falta de certezas jurídicas, la minería ilegal continúa avanzando con alto poder económico y escaso respeto por el ambiente y la ley. El caso de Yantzaza es una nueva alerta sobre la urgencia de una estrategia integral que no solo reactive operativos militares, sino que también fortalezca el control institucional, el seguimiento judicial y una política minera coherente y sostenible.