Ecuador debe rechazar a quienes se autodefinen defensores de la naturaleza, pero que extrañamente jamás dijeron ni hicieron nada cuando eran parte de los beneficios de la minería ilegal que campeaba en sus narices y en sus sobacos.

Hoy que el Ecuador vive una nueva campaña electoral y que los políticos provincianos que fueron denunciados por vínculos con la minería ilegal ya no son autoridades ni asambleístas, se quedaron sin piso (y que tarde o temprano tendrán que enfrentar a la justicia por sus vínculos con este ilícito) pretenden levantarles el perfil con estridentes comentarios, sobre el hecho de que la empresa concesionaria en una legítima estrategia de cortar las líneas de abastecimiento a los mineros ilegales, haya comprado la carga del camión de gas, y en lugar de permitir que esas bombonas de gas sean adquiridas por los compinches de los mineros ilegales, y que sean más bien distribuido de manera directa a los pobladores de esta parroquia dividida entre partidarios de la minería responsable, opositores a la actividad minera, beneficiafios de la minería ilegal, y gente de criterio neutral, rompiendo así el monopolio de distribución de gas que alimentaba a la minería ilegal, y que cercenaba el derecho que tienen los bonaerenses de buena fe a acceder a este servicio básico.

Esta búsqueda de protagonismo de Buproe coincide con el hecho de que vivimos un proceso electoral y entre los auspiciantes de esta supuesta organización antiminera se encuentran los sectores políticos que buscan cerrar todas las actividades mineras metálicas en el Ecuador.

El hecho de que una empresa entre sus legítimas estrategias haya decidido adquirir un camión de gas, el mismo que distribuye gas en la parroquia, con el objetivo de impedir de que este gas llegue a abastecer a los mineros ilegales presentes en las montañas de Buenos Aires, que es exactamente lo que defienden las politiqueras parroquianas.