Quito, 14 de julio de 2025 – La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) tiene nuevo titular. Se trata de Pablo Leonardo Izurieta, quien fue designado oficialmente el pasado viernes por el directorio de la institución, presidido por el viceministro de Minas, Javier Subía, delegado de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Izurieta reemplaza al coronel (sp) Patricio Bonilla, cuya salida se produjo tras diez meses en el cargo.
Así como lo adelantó Agencia de Prensa Minera el pasado viernes 11 de julio durante el último día de Expominas 2025, Pablo Izurieta fue nominado para liderar la institución encargada del control y regulación minera en el país.
Izurieta, de 63 años, es técnico en administración de empresas y excapitán del Ejército. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad, habiendo sido gerente de la firma International Security Societyseg entre 1999 y 2023. Además, ha trabajado como contratista y consultor de seguridad para varias compañías petroleras desde los años noventa, y fue parte del equipo de seguridad del expresidente Jamil Mahuad. Entre 1992 y 1993 se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Quito, durante la alcaldía de Mahuad, y también participó como Observador Militar de las Naciones Unidas.
En el ámbito familiar, Pablo Izurieta es hermano de Roberto Izurieta, actual director ejecutivo alterno por la Oficina de Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y exsecretario de Comunicación del gobierno de Daniel Noboa hasta abril de 2024.
El cambio de mando en Arcom ocurre en un contexto de creciente malestar en el sector minero, tras la imposición de una nueva tasa por actividades de exploración y explotación, cuyo objetivo es financiar el combate a la minería ilegal. El gobierno estima recaudar con esta medida alrededor de 230 millones de dólares anuales, distribuidos de la siguiente manera:
Gran minería: $130 millones
Mediana minería: $21 millones
Pequeña minería: $33 millones
Sector no metálico: $1 millón
La medida ha sido duramente cuestionada por empresas mineras nacionales y extranjeras, que advierten sobre su posible impacto negativo en la competitividad y sostenibilidad de las operaciones legales.
El nuevo director enfrenta así el desafío de reconstruir puentes con el sector privado, reforzar los mecanismos de control y vigilancia, y garantizar que los esfuerzos por erradicar la minería ilegal no perjudiquen la inversión responsable ni el desarrollo técnico del sector.