La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado un proyecto de ley de moratoria minera indefinida el 3 de noviembre de 2023, en medio de fuertes protestas sociales contra un controvertido contrato minero. La ley prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras y rechaza las que están en trámite en todo el territorio nacional.

La aprobación del proyecto de ley «1110» se dio en el tercer y último debate con una abrumadora mayoría de 59 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto de ley, ya ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y publicado en el diario oficial La Gaceta, establece una «moratoria por plazo indefinido» para las concesiones de minería metálica y prohíbe la renovación o prórroga de concesiones a partir de su promulgación. Además, la ley establece que el Ministerio de Comercio e Industrias no podrá otorgar nuevas concesiones y rechaza de manera categórica todas las solicitudes en trámite para la obtención de tales concesiones.

Sin embargo, el proyecto de ley inicial fue modificado por el Parlamento para eliminar un artículo que derogaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, una filial de First Quantum Minerals (FQM), dejando la decisión sobre su presunta inconstitucionalidad en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El debate sobre el contrato continúa, y las voces de ambientalistas y juristas argumentan que derogar el contrato mediante un proyecto de ley podría dejar al Estado panameño más vulnerable a posibles demandas internacionales por parte de la empresa canadiense FQM. La controversia se ha exacerbado debido a una nueva concesión a FQM para la explotación de la mina de cielo abierto más grande de Centroamérica, con un plazo de 20 años prorrogables.

En este contexto, Panamá enfrenta una grave crisis, con masivas protestas y bloqueos en las principales carreteras del país en rechazo a la concesión minera y en medio de un debate legal y político sobre el contrato existente y la nueva legislación minera.

Fuente foto: www.dw.com

C.A.