Con respecto a la intervención que realiza el Gobierno contra la minería ilegal en la zona del Yutzupino, provincia de Napo, con el objetivo de evitar que ocurra lo sucedido en Buenos Aires, provincia de Imbabura, Stevie Gamboa, coordinador de EITI Ecuador, considera oportunos los operativos.

Sin embargo, solicita al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que resuelva los pasivos ambientales generados en Buenos Aires, producto de la minería ilegal.

“El caso de Buenos Aires lo ha usado el Gobierno como un emblema para algo que proponen no se repita, es gravísimo, porque se cumplió el desalojo en 2019 y estamos en 2022 y la autoridad no ha vuelto al lugar, ni siquiera se han medido, peor, identificado los pasivos ambientales”.

Gamboa destaca que, aunque el desalojo se realizó hace casi tres años, todavía existe maquinaria, piscinas de incineración, contaminación producto de la minería ilegal y población afectada por esta. “No se ha resuelto, el Estado no ha dado los recursos para medir la afectación ambiental”, afirma.

Considera que el Estado tiene la obligación de remediar los daños causados, “porque por su propia incompetencia, su propia inoperancia, su propia inacción no ingresa a desalojar a los ilegales cuando lo debe hacer y espera a que el impacto sea mucho mayor, como en efecto pasó en Buenos Aires y como en efecto está pasado todavía en Napo”, resaltó.

Recordó que, la empresa concesionaria colocó la denuncia a finales de 2017 y fue en julio de 2019 cuando se realizó la intervención mediante la declaratoria de estado de excepción.

“La inoperancia del Estado es lo que hace que un foco de minería ilegal, donde se presentan 50, 40 personas, se convierta en una invasión de 4 000 personas”, sostiene el abogado.