El Gobierno de Perú trabaja en la formulación de una Política Nacional Minera orientada a aprovechar la creciente demanda internacional de cobre y otros minerales críticos vinculados con la transición energética y las nuevas tecnologías.

La propuesta fue expuesta por Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), durante la ExpoMina 2026. El funcionario señaló que el país necesita avanzar hacia una política que permita fortalecer su competitividad y generar las condiciones para desarrollar nuevos proyectos.

Perú cuenta actualmente con una cartera de proyectos mineros estimada en unos USD 64.000 millones. Sin embargo, el avance de varias iniciativas enfrenta extensos procesos administrativos, permisos y la participación de numerosas entidades públicas.

Según un análisis citado por Gestión, existen alrededor de 230 procedimientos administrativos, sujetos a unas 470 normas y con la intervención de aproximadamente 30 entidades. Para el sector, esta complejidad constituye uno de los principales obstáculos para convertir el potencial geológico peruano en nuevas inversiones y producción.

Menos trámites y mayor coordinación

Entre las alternativas planteadas figura la simplificación de la denominada permisología minera, con términos más claros para las entidades que intervienen en las evaluaciones y mecanismos que permitan desarrollar determinados trámites de manera paralela.

El Minem también analiza la posibilidad de centralizar los procedimientos en una plataforma que facilite la interacción entre las diferentes instituciones. En materia de recursos hídricos, la cartera trabaja además con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para agilizar el intercambio de información mediante herramientas digitales.

La discusión cobra especial importancia por el escenario internacional. El crecimiento de la demanda de cobre y minerales críticos, impulsado por la electrificación, las energías renovables, el almacenamiento energético y la expansión tecnológica, está generando una competencia creciente entre países por atraer capital minero.

Para Perú, el desafío consiste en aprovechar esta ventana de oportunidad sin perder competitividad frente a otras jurisdicciones mineras.

A la par de la agilización de permisos, representantes del sector consideran necesario fortalecer la infraestructura, mejorar la gestión de los conflictos sociales y combatir la minería ilegal. El objetivo es crear un entorno que permita que los proyectos formales avancen con mayor previsibilidad y contribuyan a sostener la producción minera del país en los próximos años.

La iniciativa se suma a otras medidas planteadas por el Gobierno de Keiko Fujimori para modernizar el marco minero, entre ellas la revisión de la Ley General de Minería, mecanismos de impulso para proyectos estratégicos y la digitalización de trámites mediante una Ventanilla Única Minera Electrónica.

Perú busca así pasar de tener un enorme potencial minero a convertirlo en proyectos concretos, inversión y producción, en un momento en que los minerales críticos adquieren una importancia estratégica para la economía mundial.