Desde el aire, los yacimientos mineros de oro ilegales se asemejan a heridas que surcan la densa selva del sur de Colombia: cicatrices de desechos color rojo, gris y marrón que circundan estanques tóxicos.
Al escuchar los helicópteros policiales y militares acerándose a las colinas la mayoría de los mineros huyen hacia la vegetación, y solo unos pocos permanecen para enfrentarse con los agentes de policía y los soldados que saltan desde los helicópteros.
Los agentes rápidamente controlan a los delincuentes con gases lacrimógenos, y comienzan a incendiar el equipamiento pesado utilizado para extraer el oro.
La mina se ubica en el municipio de Magüí Payán, una zona remota del sur de Colombia en donde no hay agua corriente, y la infraestructura de comunicaciones es débil.
Una mujer de unos 40 años de edad grita a los soldados y a un grupo de periodistas que los acompañan: “Si el Estado no permite que los pequeños mineros trabajen, no puedo alimentar a mis hijos, porque el Estado no me da nada.”
Oficiales de la Policía Nacional de Colombia integran la Operación Guamuez III de las Fuerzas Armadas de Colombia, para destruir minas de oro ilegales en Magüí Payán, Colombia, el 20 de abril de 2021. (Foto: Fernando Vergara/AP)
Según el alcalde Alejandro Juvenal Quiñones, la tasa de pobreza extrema supera el 80 por ciento en la región. “Sobrevivimos gracias al trabajo y a la gracia del Espíritu Santo”, dijo a The Associated Press.
Quienes manejan las minas, que constituyen la principal fuente de ingresos del lugar, no se caracterizan precisamente por tener consideración. Estos operadores están bajo el control, o al menos bajo extorsión, de pandillas del crimen organizado. En este caso, se trata de agrupaciones rivales guerrilleras, activas o inactivas, del aún vigente Frente de Liberación Nacional, y de una facción separatista de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El Teniente Coronel de la Policía Pablo Astaiza, quien estuvo a cargo del allanamiento de este mes, explicó que los grupos armados demandan un 10 por ciento de todo lo que produce cada máquina excavadora.
El oficial indicó que gracias a la operación se habían inmovilizado seis excavadoras valuadas en USD 330 000, las cuales pueden producir unos 6 kilogramos de oro por mes.
No obstante, manifestó que los mineros podrían reparar las máquinas y ponerlas de nuevo en funcionamiento en seis meses.
Según el Gobierno, desde principios de 2019 allanaron 9235 minas ilegales, arrestaron a 3300 personas y destruyeron o desactivaron 450 máquinas de dragado.
“No estamos hablando de economías básicas, de delincuentes comunes”, expresó el General Jesús Alejandro Barrera Peña, director de seguridad rural de la Policía Nacional. “Es importante tener en claro que las comunidades no forman parte de las organizaciones ilegales, sino que son utilizadas como herramientas.”
Las minas ilegales en Colombia como la de Magüí Payán parecen ser más bien la regla y no la excepción, al igual que en gran parte de Latinoamérica, en donde las fuerzas gubernamentales suelen tener dificultades para hacer cumplir la ley en áreas rurales remotas donde están los delincuentes.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que dos tercios del oro que produjo Colombia en 2019 proviene de la minería ilegal, mientras que un informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, financiada por el Gobierno suizo, estimó que los ingresos de las exportaciones ilegales de oro habían aumentado en 2016, superando las ganancias del contrabando de cocaína en Colombia y Perú.
En los últimos años las fiscalías estadounidenses presentaron acusaciones que involucraban miles de millones de dólares en oro, los cuales provendrían de la minería ilegal en Latinoamérica, y habrían sido blanqueados a través de bancos y otras instituciones.
Este mes, los fiscales colombianos ordenaron el arresto de 25 personas acusadas de pertenecer a grupos que venden oro ilegal y lo envían a países como los EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
La riqueza que extraen deja un halo devastador: yacimientos mineros no regulados que emplean químicos mortales para separar el oro del terreno, lo que constituye una amenaza para las comunidades locales que podría extenderse por generaciones.
“Para producir un solo gramo de oro, deben usarse cinco gramos de mercurio, y solo un gramo de mercurio puede contaminar 500 000 litros de agua”, indicó el Gral. Barrera Peña.
También supone una gran pérdida de ingresos para un gobierno que necesita recursos para consolidar su autoridad y pacificar las zonas rurales, luego de décadas de conflicto con guerrilleros y pandillas criminales.