Como ya habíamos denunciado, la minería ilegal en Napo que opera las 24/7 y contamina los ríos, tiene protagonistas indirectos enquistados entre sus funcionarios y políticos locales que utilizan sus influencias para entorpecer la triste realidad de las comunidades invadidas por ilegales con sed de oro.

Es curioso como el asambleísta Washington Varela, tras impedir que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea contribuya con la Comisión de Biodiversidad en la investigación sobre la minería ilegal en Napo, desmintió una noticia sobre más de 100 máquinas decomisadas en 2022. En aquel entonces el asambleísta rompió en indignación y tildó al medio de comunicación que emitió la noticia como “irresponsable”.

Poco más tarde, con corte al 23 de febrero del 2022, el Ministerio de Gobierno confirmó que había 124 retroexcavadoras retenidas.

Incluso la población local coincide en que presuntamente la actividad minera ilegal opera bajo autorización del gobernador Wilfrido Villagomez, nombrado en este cargo por Varela, quien visita con regularidad las oficinas de la Gobernación de Napo, según denuncian los comuneros del cantón Tena. Es necesario resaltar que Villagomez fue arrendatario de la casa de la suegra de Washington Varela, Esperanza Yépez de Lascano en Tena.

Según registros existen alrededor de 60 maquinarias operando a cielo abierto en las orillas de los ríos de Napo, «controlados» por los inoperantes operativos que actualmente registran 6 maquinarias incautadas desde la denuncia pública del también asambleísta, Fernando Villavicencio acerca de este delito.

B.M.