El polvorín en cuestión, a menos de un kilómetro del centro poblado, era una bomba de tiempo esperando estallar. Su existencia debería haber sido detectada y controlada por ARCERNNR mucho antes de que alcanzara este punto crítico. La falta de inspecciones regulares, la ausencia de protocolos de seguridad efectivos y la negligencia en la aplicación de medidas preventivas han dejado a la comunidad vulnerable ante los riesgos inherentes a este tipo de instalaciones.

Es fácil señalar con dedo acusador a la minería ilegal, pero el verdadero culpable aquí es la entidad encargada de velar por la seguridad y el bienestar de la población. Está tragedia ha expuesto las grietas en el sistema de control y regulación que debería garantizar la integridad de las comunidades locales.

Este incidente debería servir como un llamado de atención urgente para una revisión profunda de las prácticas y políticas de ARCERNNR. La comunidad espera respuestas, medidas correctivas efectivas y una garantía de que tragedias como esta no volverán a ocurrir debido a la negligencia de aquellos a quienes se les confía la salvaguarda de su seguridad.

C. A.