A pocos días de las elecciones seccionales, la presencia de los pseudopacifistas y pseudoambientalistas fue mermando en zonas de conflicto y guarda silencio ante el anuncio del Gobierno de declarar a la minería ilegal como amenaza de Estado.

Curiosamente, quienes atacan a la minería legal no se han pronunciado ante la advertencia de nuevas estrategias de erradicación de minería ilegal, ¿se quedaron sin agendas de populismo ecológico?, ¿o será que la decisión del Gobierno les afecta también a ellos?.

El Gobierno debe cumplir con su oferta de campaña, de inversión extranjera y nacional porque eso garantiza empleo, encadenamiento productivo y generación de divisas, siendo esta la esencia del prometedor Decreto 151.

El sector minero exige al Estado que blinde la inversión y garantice a los inversionistas seguridad jurídica.

B.M.