A los problemas tradicionales asociados a la producción minera en el país, en los últimos meses se ha sumando una nueva dificultad. Los representantes de los sectores mineros señalan que existe un importante incremento en el precio de los explosivos que se utilizan para realizar esta actividad.
Con la llegada de la pandemia del COVID-19 sin duda uno de los sectores económicos que más profundamente se vio afectado fue el comercio internacional. Como en cualquier industria, el precio y la demanda es permanente y depende varios factores, en el caso del sector naviero las tarifas marítimas habían mantenido un precio asequible en los últimos años.
Sin embargo, luego de un breve momento de recesión durante el primer semestre de 2020 debido al cese de operaciones de algunas industrias, en el segundo semestre del mismo año la economía se recuperó y los precios del transporte marítimo alcanzaron tarifas nunca antes vistas con un incremento de entre un 200% y 400%. Esto a su vez se ha convertido en una de las principales causas del aumento de costos de los insumos para la minería en Ecuador, pues según los representantes del sector existe un aumento de más del 30%.
Es así, que como Agencia de Prensa Minera decidimos investigar para conocer como ha afectado esta situación a los productores mineros del país y las alternativas que ellos proponen al gobierno y a los actores vinculados para llegar a acuerdos que permitan desarrollar la actividad de manera correcta y eliminar prácticas de especulación.
Según datos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de enero a junio de 2021 la minería responsable logró exportar $705,50 millones de dólares, esto representa el 5,70% de las exportaciones del país. Es decir que la producción minera constituye el cuarto producto que más exporta el Ecuador detrás del petróleo, el banano y el camarón.
Así mismo, datos del INEC con corte a diciembre de 2020 dan cuenta que la minería emplea a 43 mil personas de forma directa en el país.
Problemática
Jordy Pesántez, representante legal de la empresa Goldmins, en Zaruma, expresa su preocupación, pues manifiesta que en 2018 un lote de explosivos costaba 40.000 dólares, después subió a $50.000 y $60.000 en 2019, “pero resulta que en la pandemia el mismo pedido llegó a 80.000 dólares”.
Él considera que debe haber conciencia por parte de los importadores que traen los productos con lo que se explota la mina. “Yo sé que han subido las navieras de $3.000 a $ 12.000 o $ 15.000 dólares, pero con nuestros contadores y auditores hemos hecho cálculos y se debería cobrar un máximo de 15 a 20%”, explicó.
Así mismo, Roque Maldonado de Asopromin comenta que existe una variación sustancial del precio en torno al 30 a 35% por encima del valor habitual. Él comenta que al ser los explosivos uno de los elementos más costosos para los trabajos de explosión y extracción, este incremento para los proyectos mineros pequeños podría significar que los trabajos no sean rentables.
Por su parte, el auditor Freddy Paladines, recuerda que en 2018 el precio unitario de pólvora era de 30 centavos y ahora está a 44, mientras que la mecha costa 20 centavos y subió a 55 y el fulminante de 16 centavos está en 35.
“Esto significa que para producir un carrito de 2.2 toneladas de roca, hace tres años se necesitaba $3.94 dólares entre estos tres insumos, en 2019 subió a $3,96; en 2020 costaba $4,50 y está año está en $7,01, y tienen una nueva proforma de casi 11 dólares”, aseguró. Con estos números se tendría que bajar la producción y por ende el número de trabajadores, explicó.
Según el gobierno en este año se exportaría más de $1.591 millones en actividad minera lo que representa 74% más que en 2020.
Pero los representantes mineros indican que de seguir la situación se va a producir el 50% de la producción actual, porque muchas minas van a parar de trabajar, pues con ese aumento la actividad no resultaría rentable.
Los mineros hacen un llamado al Ministro de la Producción, Comercio Exterior, Autoridad Portuaria, Superintendencia de Control y Poder de Mercado, Asamblea Nacional y también al presidente Guillermo Lasso.
Alternativas
Franklin Pozo, de Explofrap, comenta que el transporte de navieras ha aumentado su valor, por ejemplo, el contenedor de 40 pies antes costaba 8 mil o 9 mil dólares y ahora está entre 27 o 28 mil dólares. De modo que solamente las empresas importadoras de explosivos grandes están en capacidad de asumir esos valores.
En el caso de las empresas importadoras de menor tamaño que proveen de insumos principalmente al minero pequeño o artesanal, el costo de un chárter es inasequible. Por ello, es necesario que se facilite el transporte de estos insumos por vía terrestre.
Considera que lo más adecuado sería que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) facilite los procesos que permitan que el material pueda entrar al país por vía terrestre, especialmente por la frontera de Huaquillas con Perú, cumpliendo con todas la documentación y medidas que requiere este tipo de insumos.
Si la industria minera ecuatoriana contempla inversiones para el sector en el corto y mediano plazo, necesita desarrollar alternativas que puedan disminuir los costos de operación para que la actividad para mantener ventajas competitivas en el mercado latinoamericano.
Corporaciones de análisis de riesgo financiero como Moody’s Alalytics advierten que las interrupciones en la red mundial de logística y transporte están lejos de terminar, pues aún no se ha llegado a un acuerdo global que permita garantizar la entrada y salida de las navieras en los puertos con menos complicaciones.
En ese contexto, para la Agencia de Prensa Minera es imprescindible que las instituciones del sector y otros actores de la industria ecuatoriana tomen acciones de forma urgente. Pues la falta de regulación y seguimiento a los precios, así como la carencia de alternativas que tienen los productores mineros para abastecerse de material explosivo en poco tiempo harán la actividad inviable.
Durante esta investigación hemos podido dar cuenta que los principales afectados ante la falta de control de precios por parte los entes públicos encargados, son los productores de pequeña minería y minería artesanal, ya que su margen de utilidad es ajustado y un cambio drástico en los costos podría derivar en la disminución importante del empleo en el sector.