Presidente Noboa introdujo cambios a la denominada Tasa de Supervisión y Control Minero, una contribución creada en 2025 para financiar las acciones estatales de control y combate a la minería ilegal. La nueva resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), publicada el 24 de junio de 2026, elimina la obligación de pago para las empresas que se encuentran en fase de exploración y concentra el cobro en las operaciones que ya realizan explotación minera, así como en titulares de licencias de comercialización y plantas de beneficio.

La decisión representa un giro respecto al esquema original, que obligaba a cancelar la tasa a todos los concesionarios mineros, independientemente de la etapa de desarrollo de sus proyectos. Desde su implementación, el sector había cuestionado especialmente el impacto sobre las compañías exploradoras, que debían asumir montos elevados pese a no generar aún ingresos por producción.

Otro de los cambios relevantes es la periodicidad del pago. Mientras la normativa anterior contemplaba cobros semestrales para la mediana y gran minería y un pago anual para la pequeña minería, la nueva resolución establece un único pago anual para los sujetos obligados. El cálculo se realizará con corte al 31 de diciembre y deberá cancelarse hasta el 31 de enero del año siguiente. Además, el Servicio de Rentas Internas (SRI) será la entidad encargada de la recaudación.

La reforma llega en un contexto de baja recaudación frente a las expectativas iniciales del Ejecutivo. Cuando la tasa fue anunciada en 2025, el Gobierno proyectó ingresos de entre USD 200 millones y USD 220 millones anuales para fortalecer la capacidad operativa de Arcom. Sin embargo, la recaudación obtenida estuvo muy por debajo de esas previsiones y el mecanismo enfrentó críticas de empresas y gremios mineros, que incluso impulsaron acciones legales para cuestionar su constitucionalidad.

La tasa minera se calcula en función de las hectáreas concesionadas y de la fase en la que se encuentra cada proyecto. Con la nueva resolución, el Gobierno busca ajustar el esquema de cobro después de un año marcado por cuestionamientos de la industria, dificultades de recaudación y preocupaciones sobre el impacto de la medida en la atracción de inversiones para el sector minero ecuatoriano.