El Juzgado Penal Colegiado de la Provincia de San Román, condenó a Alejandra Layme Palli y Vicente Quilla Ramos, a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, al ser encontrados responsables de la comisión del delito de minería ilegal agravada.

Los acusados desarrollaban sus actividades mineras en el lugar denominado La Mona, en el sector de Pampa Blanca, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, dentro de la concesión minera AFC-6 (concesión que no les pertenecía).

Dichas actividades las realizaban sin contar con la autorización de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, y tampoco se encontraban sometidos al proceso de formalización minero establecido con los decretos legislativos 1105 y 1336.

En sus ilícitas actividades empleaban maquinaria pesada, como cargadores frontales, un chute, motobombas hechizas, insumos químicos, combustible y mercurio; asimismo, la fiscalía pudo acreditar que tales actividades mineras generaron impactos graves en el ambiente y sus componentes, provocando la alteración del ecosistema altoandino por la destrucción y fragmentación de los recursos forestales herbáceos, así como la destrucción de los habitad de especies de fauna silvestre.

Así, también se generó un daño potencial al recurso hídrico laguna Sillacunca producto de los vertimientos de lodos (sólidos en suspensión); los ahora sentenciados además de pasar varios años en la cárcel deberán pagar una reparación de 10 mil soles, el pago de 1686 soles por concepto de multa, el pago de costas e inhabilitación por ocho años para que no puedan adquirir ninguna concesión minera, de labor general, de beneficio, ni para que puedan comercializar minerales.