El director de Prensa Minera, Franklin Soria, entrevistó a Rebeca Illescas, ex ministra de Minería, para conocer sus impresiones sobre el Decreto Presidencial 151, firmado el pasado 5 de agosto.

¿Cómo ve usted esta voluntad política expresada en el Decreto 151 del presidente Lasso?

Hay temas super importantes, creo que en un principio destacar lo positivo de este Decreto, y esto hemos venido esperando desde hace algunos años, como usted conoce, Franklin, que exista una decisión política y la voluntad de poder abordar un tema tan importante como es la política minera.

Como dice el Decreto, bueno yo en eso saludo y felicito al presidente Guillermo Lasso, va tomar una posición frente a este tema, además, siendo un sector estratégico del país es importantísimo y fundamental que el Gobierno pueda asumirlo desde esa posición.

Ahora, este Decreto tiene muchísimas cosas, es un Decreto extenso, el cual no es una política minera, es un plan de acción para el sector minero, que también es super importante. Lo fundamental es que establece directrices claras para que tanto las autoridades, como los ministros, como en este caso el Viceministro de Minería puedan ejecutar en el menor tiempo posible.

El Decreto tiene algunos artículos en los cuales se abordan temas que son fundamentales que, además, han sido críticos en los últimos meses o años para el sector. Es importante destacar, además de la voluntad política, la temporalidad, porque se habla de 100 días, vemos que en el Decreto hablan de disposiciones tanto a las autoridades del sector de energía como al Ministerio de Ambiente en el cual, en 90 días, 60 y 30 días.

Yo veo que hay palabras y temas claves dentro de este Decreto, primero a la gobernanza, entender que la minería es uno de los sectores que trabaja en el espacio público, porque los recursos naturales son gestión del Gobierno Nacional, porque son del Estado, y también es una acción interinstitucional entre varias Carteras de Estado para que se puedan desarrollar.

Por otro lado, la importancia de inversión privada y de las empresas que operan en el país, sin dejar de lado de la pequeña minería, minería artesanal, la problemática de la minería ilegal.

Yo veo varias cosas Dentro del Decreto como parte de esto, como repito, se habla de la gobernanza, se habla mucho de la seguridad jurídica en la parte introductoria del Decreto, se establece el absoluto respeto a los contratos y a las concesiones que fueron otorgadas en los gobiernos anteriores y esto es importante porque establece y determina para que todas las empresas puedan continuar sus operaciones y no con esta incertidumbre que a veces genera los cambios de Gobierno y que yo siempre menciono que lamentablemente por errores que existe en el pasado se quiere comenzar desde cero o a veces refundar la patria. Esto en términos de inversión extranjera genera muchísima incertidumbre.

¿Cómo ve usted esta determinación del mismo presidente en el Decreto para combatir la minería ilegal?

Ese es otro punto que se menciona en varios artículos, el tema de la minería ilegal. Considero que es importante que se establezca como parte de una de las obligaciones de una política y como mandato que se combata a la minería ilegal, esto es un delito, no se puede llegar a acuerdos con las ilegalidades y los delitos; pero si es importante establecer que es un proceso complejo, como cualquier otro delito no responde a la política minera. Uno no planifica la ilegibilidad.

Lo que debe hacer el Ministerio de Energía y el Viceministerio de Minería primero establecer una política eficiente y eficaz para que los mineros puedan regularizarse, que exista un plan para que la minería pueda ser legal en el país.

Este plan va a acompañar a un proceso de legitimidad no solamente del sector, sino que también los actores mineros puedan sentirse con la confianza, la tranquilidad y el acompañamiento del Estado para poder insertarse en un proceso legal, es decir, los mineros que son irregulares, que no han podido regularizarse.

Pero esto es un grupo, estamos con otro grupo que son de la minería ilegal, que no les interesa regularizarse, es gente que está al margen de la ley, y que por lo tanto este ya es un proceso complejo que debe ser asumido por el sector de seguridad, por Fiscalía, y por una articulación interinstitucional con el sector de seguridad como establece en el Decreto precisamente.

¿Cómo considera usted que sería más pragmático el resultado de este anuncio de un consorcio público – privado en relación a la minería?

Es interesante la propuesta de la construcción de un Consejo Consultivo minero desde la perspectiva social y participativa. El presidente habla mucho del Gobierno del Encuentro, creo que eso no empieza ni termina en enunciado, sino precisamente en acciones que permitan en que los ciudadanos y los actores alrededor, en este caso de una industria como es la minería, van aportar desde sus experiencias y también desde sus propias necesidades que pueda resolver sobre los distintitos aciertos de situaciones que se requieran para que podamos tener una industria eficiente y oportuna y que sea en beneficio de todos los ecuatorianos.

Que la minería sea en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, es una buena oportunidad para que pueda encadenar todos estos beneficios, es una cadena de valor.

Hablábamos hace un tiempo que hacer minería con un propósito que no es el beneficio de ninguna empresa o ningún sector, sino una minería que pueda permitir que los jóvenes tengan un espacio a futuro donde puedan trabajar, en que las comunidades que están cerca a un proyecto minero puedan ser beneficiadas en primer lugar, no solamente con las regalías sino también en general, nuevas empresas, servicios, encadenamientos productivos. Hay mucho por hacer, hoy, además, yo me siento super orgullosa y contentan en que todos los esfuerzos que hicimos en el pasado están dando resultados.

Hoy la minería exporta más de 700 millones, siendo uno de los productos que está en quinto lugar de exportación, quizá de cuarto y para los próximos años superará al banano, al camarón y esto es un momento importante.