Durante los últimos 25 años, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) ha sido la autoridad que ha decidido sobre las actividades mineras en el lecho marino, el fondo oceánico y el subsuelo, más allá de los límites de la jurisdicción nacional. A pesar de ello, la ISA aún no ha elaborado un marco normativo claro para la minería de aguas profundas (DSM). Las negociaciones sobre la reglamentación de la DSM se iniciaron en 2014, pero los desacuerdos sobre el reparto de los futuros ingresos de la minería entre las naciones las han llevado a estancarse.

Sin embargo, a principios de este año, el proceso se vio sobrealimentado por el microestado de Nauru, que en junio activó una oscura subcláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que dio a la ISA un plazo de dos años para finalizar la normativa.

La ISA ya ha emitido 30 contratos de exploración para explotar los recursos de los yacimientos de nódulos polimetálicos, cada uno de ellos con una duración de 15 años. Los activistas temen que Nauru sea la gota que colma el vaso en la carrera hacia el fondo de la MDS.

Por otra parte, a finales de septiembre, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda rechazó un intento de Trans-Tasman Resources (TTR) de anular una decisión que impedía a la empresa extraer arena de hierro en la costa de South Taranaki. Esto ha llevado a pedir al Gobierno de Nueva Zelanda que introduzca una legislación que prohíba la DSM y apoye una moratoria sobre la misma, lo que podría influir en otros estados para que presionen por una reforma dentro de la ISA.

Dado que la DSM está todavía en sus inicios y no se ha iniciado su explotación en aguas internacionales, el mundo se encuentra en una encrucijada de desarrollo. El hecho de que Nauru tenga éxito en su intento o de que Nueva Zelanda y otras naciones afines presionen a la ISA para que se reforme, determinará en gran medida si la MDS se convierte en una industria importante.

Nauru y The Metals Company

La isla de Nauru es una de las muchas víctimas del imperialismo de los recursos. Con un alto contenido de fosfato químico, la tierra cultivable de la isla fue despojada por las sucesivas potencias coloniales. A pesar de disfrutar de un breve período de auge tras la independencia en 1968, en la década de 1980 el país estaba en bancarrota.

Aquí es donde entró en escena The Metals Company (TMC). Las normas de la ISA permiten a cualquier nación miembro patrocinar proyectos en cualquier agua internacional y favorecen a los países en desarrollo. En junio, el presidente de Nauru, Lionel Aingimea, envió una carta a la ISA en la que exponía los planes de explotación minera en aguas profundas de Nauru Ocean Resources (NORI), filial de TMC.

La minera canadiense es una de las pocas empresas mineras que creen que la explotación de los fondos marinos es fundamental para la transición energética. Se han presentado como una empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y han argumentado que la industria minera de los fondos marinos es muy diferente de la minería terrestre.

La “regla de los dos años”

Al invocar la regla de los dos años, los países miembros de la ISA deben ahora considerar los permisos de explotación de la DSM, independientemente de que las autoridades hayan establecido una normativa que regule esta práctica. La AIS también debe elaborar un marco normativo sobre el funcionamiento del MDS.

La AIS emitió una declaración en la que reconocía la carta de intenciones de Nauru y afirmaba que reanudaría los trabajos sobre la normativa minera. Sin embargo, los observadores han compartido sus dudas de que, en un mundo que aún se encuentra en las garras de una pandemia, dos años no son suficientes para ni siquiera rozar la superficie de un reglamento eficaz.

Según Duncan Currie, abogado internacional y representante de la Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas, el impacto de esto podría ser significativo: “Esto es muy preocupante, ya que es probable que desencadene una carrera hacia el fondo, ya que otros contratistas no querrán quedarse atrás, y porque se corre el riesgo de precipitar lo que debe ser un proceso cuidadosamente considerado”.

Un poderoso precedente

A finales de septiembre, la empresa minera TTR perdió su recurso ante el Tribunal Supremo para anular una decisión que le impedía extraer arena de hierro frente a la costa de South Taranaki, en la Isla Norte de Nueva Zelanda.

Inmediatamente después de la decisión del tribunal supremo, Kiwis Against Seabed Mining (KASM) lanzó una petición en la que pedía la prohibición de todas las explotaciones mineras en los fondos marinos.

En un comunicado de prensa, el grupo declaró: “Nueva Zelanda ha examinado la minería de los fondos marinos más que ningún otro país del planeta. Con la actual ola de interés mundial por la minería de los fondos marinos, creemos que Nueva Zelanda tiene ahora la obligación moral de alejar al mundo de este potencial desastre ecológico y defender una moratoria de la minería de los fondos marinos en aguas internacionales”.

El razonamiento de estos grupos es sencillo. El riesgo de utilizar una tecnología no probada supera con creces el beneficio que podría aportar. Cindy Baxter, presidenta de KASM, declaró: “No queremos ser ese conejillo de indias. Se trata de una tecnología no probada y no comprobada, y de la solicitud de Trans Tasman se desprende claramente que no conocen los efectos medioambientales. Y ninguna de las empresas que han solicitado licencias de explotación minera de los fondos marinos ha hecho bien sus deberes”.

Esta es la tercera solicitud de explotación minera de los fondos marinos que se rechaza en Nueva Zelanda desde entonces. Una parte fundamental de la sentencia fue reconocer que el Tikanga (prácticas o comportamientos consuetudinarios maoríes) debería haber sido reconocido como vinculante y considerado parte del proceso de solicitud. Esto sentaría el precedente de que la legislación neozelandesa no puede aprobar la explotación minera de los fondos marinos que cause algún daño material al medio ambiente.

Prohibir la minería de aguas profundas

Un mes antes, en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se aprobó una moción a favor de la prohibición de la MDS. Entre los gobiernos y organismos gubernamentales, 81 votaron a favor de la moratoria, 18 en contra y 28 se abstuvieron. En el caso de las ONG y los grupos de la sociedad civil, el voto fue aún más favorable a la moción, con 577 a favor, 32 en contra y 35 abstenciones.

La moción pedía una moratoria sobre el MDS hasta que se realicen evaluaciones de impacto rigurosas y transparentes. Además, pedía una reforma de la ISA para garantizar una regulación transparente y centrada en el medio ambiente.

La moción recibió el apoyo de más de 500 científicos, procedentes de 44 países, que han advertido de la necesidad de hacer una pausa en el proceso de habilitación de la minería en las profundidades marinas. Y en junio, una resolución del Parlamento Europeo pedía lo mismo y reformas de la ISA.

Si Nueva Zelanda declarara la prohibición de la DSM y presionara a otros gobiernos afines para que hicieran lo mismo, podría lograrse la presión necesaria para obligar a la ISA a decidir que no puede seguir adelante hasta que se conozcan los riesgos sociales, culturales y económicos necesarios.

Sin embargo, queda por debatir si esta decisión sentará un claro precedente para el futuro de la DSM. La riqueza relativa de Nueva Zelanda y su sociedad civil progresista son incomparables con la de otros Estados más pequeños y pobres, que han empezado a ver el MDS como una panacea para sus problemas económicos y sociales. Con la decisión de Nauru de acogerse a la norma de los dos años, a menos que se ejerza una importante presión civil y gubernamental sobre la AIS para que lleve a cabo una revisión exhaustiva de los riesgos reales e inherentes, parece probable que el MDS comience pronto en serio.