Opinión de Patricio Cartagena, secretario general Cámara Minera de Chile

En el mundo actual existen un sinnúmero de elementos que pueden iniciar controversias o conflictos entre empresas mandantes, proveedores y con las comunidades, los que muchas veces terminan en la justicia, con grandes tiempos de espera y costo para obtener una resolución. En reciente informe de la CPC y Observatorio Judicial, se indicaba la existencia 72 proyectos judicializados que han ingresado al SEIA.

Cuando están en juego inversiones, producción, trabajadores y utilidades esperadas, cada segundo cuenta. Pero las formas, al igual que muchas otras cosas, han cambiado. Contamos con instancias para llevar adelante estos desencuentros en forma privada, con mediación, con arbitraje y con tiempos más acotados, que, en definitiva, su materialización depende de las partes.

Otro de los puntos beneficiosos en estas instancias es la mayor especialidad y facilitación al diálogo entre los involucrados, los que se ven afectados cuando existen problemas de este tipo. Estos conflictos pueden ser comerciales, ambientales o de cualquier otra índole. Lo importante de recurrir a estas nuevas instancias que la modernidad nos ofrece, en que generalmente, los árbitros y/o panel (Dispute Resolution Board) son expertos en los temas a dirimir, o al menos, a eso debieran propender las partes al momento de escoger esta alternativa.

En Chile pasamos por una etapa de gran judicialización de los proyectos, especialmente por temas medio ambientales, los que produjeron que varios de ellos no siguieran su curso o, bien, que aún sigan en tribunales.

Puede ser que, si hubiesen tenido la decisión, Dominga, Vizcachitas, Mina Invierno y últimamente, Cerro Colorado, de pasar por estas instancias de resolución, donde el diálogo entre las partes es más factible, podrían haber llegado a acuerdos satisfactorios, oportunos y sustentables en el tiempo.

Lamentablemente, en muchos casos hemos podido constatar que uno de elementos que llevan a conflicto es que no logran acuerdos económicos. Tópico que es lamentable por cuanto, si se van a generar empleos y recursos para la zona en que se emplace, claramente beneficiaría a toda la comunidad. No por nada, el Informe de EY sobre los 10 principales riesgos y oportunidades de minería y metales para 2021, situó en primer lugar a la licencia social para operar.

Así como hablamos de innovación tecnológica, también lo podemos hacer en este ámbito “legal”. Existen herramientas modernas de resolución de controversias, que permiten acortar los plazos de trámite, mantener la confidencialidad y lograr acuerdos sustentables que beneficien a todos los involucrados.

Estamos en una época en que como país y sector minero se requiere que todos los proyectos que están en carpeta comiencen a ejecutarse, por cuanto, necesitamos generar empleos, levantar las alicaídas cifras económicas a las que nos ha llevado la pandemia y llevar a cabo, para todos, una reactivación sostenible.