La minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay a más de atraer la violencia criminal a este cantón, generó daños ambientales a las riberas del río Siete, río Quebrada, río Nueve de Octubre, río Guanache, río Villa, río Fermín, río Chico y apenas el año pasado inició con la tarea de destruir el único afluente no contaminado de la provincia, el río Gala.

La contaminación del suelo y agua por químicos de este último fue determinante para que los ponceños exijan investigaciones y controles contra la minería ilegal. A pesar de existir una sentencia judicial para la extinción de las concesiones, ilegales continúan operando en complicidad con autoridades, según la comunidad.

Los habitantes aseveran que la Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez, no priva el permiso de uso de suelo que opera en torno a la minería ilegal.

En consecuencia, Azuay convive con la delincuencia organizada que cerró 2022 con 61 casos, 25 más que el año previo. La mayoría de esos crímenes están vinculados con la minería ilegal y peleas entre bandas por el microtráfico de drogas.

Foto: Archivo

B.M.