Dentro del informe se exige al Presidente de la República que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, de 6 de mayo del 2011, que crea la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, para fortalecer dicho cuerpo colegiado; así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación.
Además, que se incorpore como miembros activos de la comisión a la Fiscalía General del Estado, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que, en un plazo similar al anterior, reforme el Decreto Ejecutivo 151, de 5 de agosto del 2021, que expide el “Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador”.
De igual forma se recomienda a las entidades de control minero del Estado; Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente; de Salud, de Transporte; a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; a la Fiscalía General del Estado; y a la Contraloría, que tomen acciones efectivas de investigación, sanción, remediación y reparación, según sus competencias.
Entre los asistentes, estuvieron presentes, José Moreno, representante de los colectivos sociales de Napo; Sandra Rueda, del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y al delegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, Andrés Rojas, quienes coincidieron en la necesidad de hacer justicia con la Amazonia y tomar acciones para frenar la devastación de Napo.
En el debate intervinieron nueve legisladores quienes expresaron su respaldo al informe de la Comisión de Biodiversidad y, a la vez, pidieron que se investiguen otros casos de minería ilegal y contaminación en las provincias de Orellana y Sucumbíos, entre otras.
Felicitamos a los promotores de este documento; activistas, organizaciones sociales, Derechos Humanos, que de manera mancomunada con la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales deja en evidencia varios meses de trabajo el cual se puso consideración del pleno, los asambleístas quienes mostraron total respaldo, para que las instituciones del gobierno cumplan con sus obligaciones y se acojan las recomendaciones de este informe.
A. Ch.