Por Stevie Gamboa Valladares, director de la Unidad de Recursos Naturales de GSG Abogados. Coordinador del Grupo de la Industria en EITI Ecuador. Miembro de la ASIDE.

Ante la llegada de un nuevo Gobierno al Ecuador, me viene a la cabeza la frase de Napoleón Bonaparte que decía «quien no conoce su historia, está condenado a repetirla». Y es que el sector minero recuerda con cautela varias de las promesas de campaña del presidente Lasso en relación a restringir la actividad. Además, observa con preocupación las declaraciones públicas de la flamante Presidenta de la Asamblea, quien ha manifestado abiertamente su interés en crear comisiones «especiales para fiscalizar» concesiones mineras y petroleras. Incluso ha reconocido su interés por impulsar reformas con el objetivo de afectar el desarrollo de los sectores extractivos, todo en mérito de una agenda política particular y no una visión nacional.

Entonces resulta oportuno recordar que durante la década de los sesenta, el Ecuador tenía casi cincuenta años extrayendo crudo desde Santa Elena con un pequeño impacto economía nacional. Sin embargo, las actividades de exploración que habían iniciado varios años antes en el oriente ecuatoriano, descubrieron para 1968 la existencia de petróleo en cantidades suficientes para ser comercialmente viable. Esta hallazgo sería el inicio de una nueva era industrial petrolera, que ha mantenido un impacto que superó el 10% del PIB durante los últimos treinta años y a la que corresponde -en promedio- más del 40% de las exportaciones durante los últimos veinte años.

Fue entonces, bajo la frondosa sombra de la actividad petrolera, que nuestro país pudo construir hidroeléctricas, carreteras, refinerías, escuelas, hospitales y universidades. La exportación de petróleo generó divisas que financiaron prácticamente toda la obra pública desde la Dictadura y también durante la vuelta a la Democracia. En 2008 alcanzó su su precio récord de $140 por barril y el incremento en la recaudación durante esos años, mejoró nuestros indicadores de reducción de pobreza, calidad de vida y desempleo. En resumen señor Presidente, el petróleo ha sido el producto más importante del último siglo para el Ecuador.

Sin embargo, la actividad minera -que siempre se mantuvo en una pequeña escala- no corrió con la misma fortuna. Mientras países como Chile y Perú abrieron sus puertas a la exploración geológica, el Ecuador en el año 2007 se enfrentó a una resolución aupada por grupos radicales del ambientalismo conocida como el «Mandato Minero», emitido durante la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Con este «mandato» se extinguieron casi la mitad de las concesiones mineras existentes sin derecho al reclamo y sin un debido proceso. Aquella decisión le significó al Estado un mal nombre en la industria minera mundial y sus consecuencias se perciben hasta hoy, cada vez que un analista de mercado considera una inversión en nuestro país.

Para el año 2009 se expidió la Ley de Minería que regularía la actividad con varias particularidades, entre las más «creativas» constan considerar a las concesiones como delegaciones «excepcionales» a la iniciativa privada, que se estipulen más de una decena de causales de caducidad, y, que las concesiones metálicas solo podrán entregarse previa subasta pública. Todas estas creaciones (casi únicas en la Región y el mundo) representaron un desafío para su comprensión por nuestras autoridades locales, y más aún para los mercados internacionales. Recién a finales del 2013 el Gobierno Nacional decidiría corregir el rumbo y alinear las estrategias para desarrollar el sector minero.

Desde entonces se fortaleció la presencia del Ecuador en las ferias especializadas internacionales; se contrató la asesoría de una renombrada firma consultora extranjera; se definió una hoja de ruta con varias acciones, entre estas, resolver con diligencia los retos que representaban el avance de los proyectos de gran escala, Mirador y Fruta del Norte; la creación del Ministerio de Minería en 2015 y la más relevante, se logró la apertura del catastro minero para el otorgamiento de nuevas concesiones durante el 2016. Aquello permitiría la llegada de empresas de prestigio internacional como BHP, Hancock Prospecting, Newcrest, Fortescue, Anglo, así como de empresas «junior» con buenas credenciales, todas iniciarían sus procesos de exploración a partir de los siguientes años, con un compromiso de inversión que superaba los 1.000 millones de dólares.

A pesar del errático manejo del sector desde el Gobierno, en 2019 entraron en producción de los proyectos de gran escala (uno de cobre y otro de oro) en la provincia de Zamora, y así el Ecuador ha vivido nuevamente el pequeño impacto de una industria -como lo fuera inicialmente el petróleo- en su economía nacional. Aunque los casi mil millones en exportaciones del año 2020 parecerían más relevantes (por ser el doble de la mejor exportación de minerales de nuestra historia), resultan pálidos ante los más de veinticinco mil millones que exportó Perú o los más de cuarenta mil millones de Chile, durante el mismo año. Para que nuestro país pueda aspirar a esos niveles resulta vital permitir y fortalecer la exploración geológica. No solo se trata de «abrir el catastro» para el otorgamiento de nuevas concesiones, sino sobre todo, de contar con el acompañamiento del Estado a las empresas que están en exploración. Además, asumir el rol estatal en temas como el respeto a la seguridad jurídica y la socialización adecuada en los territorios.

Si la historia tenía que repetirse, entonces el Gobierno saliente del presidente Moreno resultó un nuevo «mandato minero» para el sector. Durante su gestión se eliminó el Ministerio de Minería, se cerró el catastro minero, no se han otorgado nuevas concesiones, no se mantuvo la presencia internacional, se abandonó a las compañías, ni se siquiera se propuso una Ley de Consulta Previa. Además, se promovieron Consultas Populares en contra de la actividad, se emitieron decenas de instructivos, reglamentos y manuales innecesarios, se redujo el control y proliferó la minería ilegal. Finalmente, por razones inexplicables se reincidió en un personaje como Viceministro de Minería que jamás comprendió las particularidades de la actividad minera. Mientras todo esto sucedió, nuestros vecinos se beneficiaron de los altos precios internacionales de los metales para sostener sus economías durante la pandemia.

Señor Presidente, ante usted se presenta la oportunidad del nuevo siglo y desarrollar sin prejuicios una industria moderna que puede levantar la economía nacional. Tómela y durante su mandato decida reactivar la exploración geológica privada, implemente una presencia permanente del Estado en los territorios, defienda las inversiones, promueva la seguridad jurídica, asigne recursos suficientes para controlar el cuidado adecuado del ambiente, e impulse la participación de las comunidades y gobiernos locales en los tributos que pagan las empresas mineras y recauda el Estado.

No condene al sector a otros cuatro años de olvido estatal. Ahora que conocemos la historia, no repitamos los errores del pasado y encontrémonos con la minería del futuro.