El economista Pablo García, de la Universidad de León, reclama que los procesos de reconversión minera deben construirse en diálogo con la población local. En su más reciente investigación, compara los casos de Gales y León para ilustrar cómo una estrategia participativa y territorial podría mejorar el diseño de políticas en regiones en declive.

Dos realidades, un diagnóstico

García señala que, aunque Gales y León comparten una tradición minera y retos similares en su reactivación económica, sus respuestas institucionales presentan contrastes. En Gales existe una legislación estable —la Well-Being of Future Generations Act— que obliga a incorporar criterios de sostenibilidad en todas las decisiones públicas. En León, en cambio, las medidas adoptadas suelen depender de convenios estatales con diagnósticos que no siempre captan las particularidades locales.

Para el profesor, esa diferencia incide directamente en la eficacia de las políticas: mientras en Gales se promueve una visión sistémica de largo plazo, en León domina una lógica de compensaciones inmediatas que tiende a priorizar empleos directos y ayudas puntuales, sin atender suficientemente al empleo indirecto, la calidad laboral o los impactos ambientales.

La importancia de contar con la gente

Uno de los ejes centrales del mensaje de García es la legitimidad social. “No se puede imponer una transición de espaldas a la gente”, afirma el académico, que lamenta cómo, en algunos casos de España, se han demolicionado chimeneas u obras industriales sin consultar a los vecinos implicados. Él propone que, antes de actuar, se consense con las comunidades locales qué hacer con el patrimonio industrial: museos, escuelas, rehabilitación parcial, espacios de memoria.

Además, advierte que la planificación desde despachos centrales suele usar estadísticas desactualizadas o agregadas que no reflejan las realidades de pueblos pequeños o zonas muy despobladas. Eso genera decisiones desconectadas del terreno.

Más allá del empleo: calidad, indirectos y justicia

García critica que muchos planes de transición se obsesionan con la cantidad de empleos generados, sin medir la calidad de esos trabajos ni considerar los empleos indirectos que acompañaban a la minería. Esa miopía, sostiene, empobrece la justicia del proceso. También alerta que muchas veces las políticas pasan por alto las brechas de género o las desigualdades generacionales en zonas mineras.

Para él, la justicia exige un enfoque más holístico: reconocer pérdidas históricas, legislar derechos y deberes, instalar mecanismos de control y acompañamiento público, no depender solo de transferencias o subvenciones.

Lecciones para América Latina

Aunque el estudio se centra en España y Reino Unido, sus lecciones son extrapolables. En América Latina, donde muchas economías dependen de los recursos naturales y las zonas mineras enfrentan retos de despoblación y falta de diversificación, los errores señalados por García podrían replicarse. La transición minera no puede limitarse a cierre de minas y promesas de inversión: debe ser construida con la gente, con datos locales, con visión institucional robusta y mirando más allá del empleo inmediato.