El más reciente informe realizado por este tanque de pensamiento estadounidense, la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios del Trabajo  (Cedetrabajo) evidenció que este modelo económico requiere intervención urgente en puntos como actividades de corte criminal como facturación fraudulenta, extracción ilegal, flujos financieros ilícitos y lavado de activos.

En entrevista con La Hora del Regreso, Julia Yansura, directora del Programa Latinoamérica y el Caribe de esta organización, aseguró que la pregunta más importante para los gobiernos, tanto nacional como local, «es saber dónde está el dinero y quiénes se están quedando con él, porque las comunidades no son y algunas están en situación de pobreza».

De acuerdo a Yansura, uno de lo puntos más preocupantes detectados en el país es que en muchas ocasiones no se identifican los intermediarios y las empresas vínculadas en la minería. «Hay poca transparencia en la cadena de suministro, no sabemos quiénes están involucrados y no ubicamos las oficinas de grandes empresas», afirmó.

Según explicó, esto se desencadenaría en el incremento de actividades sujetas a flujos ilícitos de dinero y criminalidad y, además, interfiere en la correcta distribución de los recursos que provienen de esta actividad económica en las regiones en las que se hacen estos trabajos.

«Las empresas intermediarias son las que más se benefician (…) una de nuestras recomendaciones es velar por la equidad», añadiendo más adelante, «deben requerir información de los dueños verdaderos de estas empresas, me refiero a los intermediaros finales, esto con el fin de evitar el lavado de activos»