Por Hermann González, Clapes UC
Hace prácticamente un año, el 23 de marzo de 2020, la libra de cobre se cotizó en US$ 2,09 y, desde entonces, se inició un proceso de alza gradual del precio que hoy se ubica levemente sobre US$ 4 la libra. Si estamos o no en presencia de un súper ciclo es una gran incógnita. Sabemos que existen elementos estructurales tras este aumento, como la transición global hacia una economía más verde y la lenta capacidad de respuesta de la oferta, pero también tenemos factores de corto plazo, que se podrían revertir en cualquier momento y generar ajustes en la cotización del metal.
En este contexto, se discute en el Congreso una moción parlamentaria que busca establecer un impuesto al valor del cobre y el litio extraídos. Más allá de consideraciones legales y constitucionales que se soslayan con esta moción, la propuesta es perjudicial para el sector y el país, y no considera que la minería ya cuenta con un impuesto específico que permite al Estado recaudar más cuando el precio sube y mejoran los márgenes de la industria, de acuerdo con lo legislado en 2010.
La minería del cobre opera en un entorno altamente competitivo y, en los últimos años, nuestro país ha ido perdiendo atractivo, debido a la menor estabilidad política, la pérdida del potencial mineral y el régimen tributario. La producción local se ha mantenido prácticamente invariable desde 2004 y la participación de Chile en la producción mundial cayó desde 36% a inicios de la década del 2000 a 28% en 2019. En este período, la ley del mineral retrocedió, a tal punto que las empresas debieron duplicar el mineral procesado para obtener la misma cantidad de cobre, con el consecuente aumento del costo de producción.
Una pregunta que cabe plantearse es cómo se beneficiará el país del alza del precio del cobre. En primer lugar, la respuesta a esta pregunta depende de la persistencia del alza, que como se dijo es incierta. En cualquier caso, es importante resaltar que las empresas mineras privadas además de los impuestos que pagan todas las empresas por sus utilidades, pagan un impuesto específico con una tasa marginal que va desde 5% a 34,5% dependiendo del margen operacional, lo cual se traduce en una tasa efectiva entre 5% y 14%. De esta forma, en un escenario en que el precio promedio del cobre se ubica en torno a US$ 4 la libra, cerca de tres cuartos de la producción privada pagará una tasa efectiva de impuesto específico entre 8% y 9%.
No tenemos experiencia de recaudación en un contexto de precios altos con el régimen de impuesto específico vigente desde 2011. Sin embargo, simulaciones hechas por el Ministerio de Minería muestran que las compañías habrían pagado una tasa efectiva de 10,4% el año 2006, muy superior al 4% que pagaron efectivamente. De esta forma, estas empresas habrían transferido al Fisco más de US$ 8.600 millones solo por concepto de impuesto específico entre 2004 y 2014, 85% más de lo que efectivamente pagaron.
El alza del precio del cobre es esperanzadora, especialmente si se sostiene en el tiempo. El mundo necesitará más cobre para la transición energética en curso, lo que abre una enorme oportunidad para Chile, pero debemos ser cuidadosos con los efectos que diversas políticas públicas, como la que está en discusión, tienen sobre la competitividad del sector. Por lo pronto, podemos estar tranquilos que nuestro país se beneficiará del incremento del precio, que incidirá positivamente en el crecimiento económico, en el empleo, en el desarrollo tecnológico y en los ingresos fiscales que estarán disponibles para financiar las políticas sociales que los chilenos demandan. No necesitamos cambiar el régimen tributario para alcanzar estos objetivos.