La pandemia aceleró el debate sobre el Nuevo Chile que surge con el estallido social de octubre de 2019, que se instala en la Convención Constituyente, que se expresa en los territorios con los Gobernadores y con la elección presidencial en curso. El Royalty y la gran minería forman parte de este debate y tenemos que abordarlo dentro del nuevo pacto social, territorial, ambiental y político que la sociedad chilena está construyendo y que marcará a nuestra sociedad por las próximas décadas.

La última encuesta Casen da cuenta del retroceso social y del aumento de la pobreza en las familias chilenas. También las Pymes y los emprendimientos familiares están sufriendo un impacto demoledor. La desigualdad se expresa en los ingresos, pero sobre todo se evidencia en los territorios, siendo especialmente significativo en las regiones mineras. Por ello y mucho más, hoy el Estado necesita más ingresos para enfrentar la emergencia, la post pandemia, pero también para liderar un desarrollo inclusivo, incluyente y equitativos que posibilite una nueva gobernabilidad y reconstruir la paz social pérdida.

La minería está en la primera línea de los recursos adicionales que el país necesita y por cierto juega en su contra su desvalorizada imagen en las comunidades locales, Codelco incluido. Pero también está en la primera línea en la construcción del nuevo pacto social, económico y político que el país necesita construir con sentido de urgencia.  El actual conflicto entre la cuprífera estatal y la Federación de Camioneros del Norte por las cargas, la postergación en los pagos a las Pymes que se ha acentuado en pandemia, la tensión que hoy generan las zonas de sacrificio y los pasivos ambientales, sumado a la pobreza, los campamentos y el valor especulativo del suelo son situaciones que sólo aumentan el rechazo a una industria que evidencia la brutal desigualdad social y el abuso reinantes. Por eso, no hay espacio para los desgastados discursos catastrofistas y el gatopardismo. Nadie cree que las mineras multinacionales abandonarán Chile y nos expulsarán de Olimpo. Más aún, cuando hoy las grandes economías del mundo están acordando nuevos impuestos a las transnacionales, especialmente tecnológicas, y la agitación social también golpea a cada vez más países en los distintos continentes.

El Covid-19 aceleró en todo el mundo el debate sobre el futuro. Viene un nuevo ciclo en la economía global y la minería está en un punto crítico, teniendo que tomar decisiones de fondo. No se trata sólo del Royalty, Renta Minera o de más Impuestos. El cambio climático obliga a todos los países a reducir los gases de efecto invernadero y las industrias que utilizan fuentes de energías fósiles sufrirán fuertes gravámenes. El agua dulce, otro recurso esencial para hacer minería, terminó siendo un bien cada vez más escaso. No más del 3% del agua del planeta es dulce. Y también es un dato de realidad que en Chile inversiones futuras y nuevas etapas de grandes proyectos conviven en zonas donde el recurso hídrico debe priorizar el consumo humano, la alimentación de la población y la protección de los glaciares.

Para aterrizar este debate me permito colocar el foco en ciertas decisiones que hoy debemos empezar a tomar:

Primero, necesitamos conocer las cifras oficiales que mueve la Gran Minería, la Renta Minera que genera y los tributos pagados al Estado. Podemos tener opiniones distintas, pero no números distintos. Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Aduanas y otros organismos técnicos deben aportar estos números. Sin estos datos sobre la mesa se dificulta discutir el Royalty.

Segundo, el régimen tributario y los Contratos Ley que regula estos grandes emprendimientos y la vinculación con sus Casas Matrices permite mucha ingeniería tributaria que se traduce, en la práctica, en que los mayores precios del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres no se traducen necesariamente en mayor recaudación. Es evidente, y que nadie se escandalice, que el manejo contable de estas grandes compañías y su relación con las Casas Matrices deja margen para disfrazar ingresos, aumentar gastos, posibilitan la elusión y también la evasión tributaria.

Tercero, el nuevo Royalty debe considerar la especificidad de cada compañía, sus yacimientos, su explotación y el capital de riesgo involucrado. Un mismo porcentaje de Royalty puede tener impactos muy críticos en algunas operaciones y ser relativamente insignificante para otras que trabajan con alta ley y bajos costos. Planteamos un Royalty cuyo porcentaje se calcule en base al precio bruto de venta, que sea focalizado en regiones y comunas mineras no para gasto corriente, sino que en partidas específicas para el fomento productivo con proyectos, planes y programas. No podemos repetir, en la práctica, la situación que hoy viven las regiones de Chile con la Ley Espejo de Transantiago.

Hasta aquí algunos comentarios a lo que hoy se debate en el Congreso. Pero veamos otros temas que sí o sí la gran minería debe resolver para permitir su desarrollo y sustentación para las próximas décadas:

Primero, debemos seguir tomando medidas para enfrentar la emergencia climática. Los gases de efecto invernadero están ya afectando a quienes usan energías primarias como carbón, petróleo y gas. Hay que redoblar esfuerzos para cambiar la matriz antes que los países hegemónicos anuncien nuevos y gravosos tributos a la emisión de CO2. Las tasas de castigo por tonelada de contaminantes emitidos a la atmósfera podrían hacer inviables muchas operaciones y futuros proyectos. Un escenario posible es que aumenten los gravámenes por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera a 70 y hasta 160 dólares.

De los 15 minerales críticos que demandará la descarbonización del planeta, Chile podría producir más cobre, hierro, litio, plomo, manganeso, molibdeno, cobalto, plata, entre otros. Pero también aumentará la demanda de agua y energía, desafíos que la Región de Antofagasta lidera en desalinización y uso de agua de mar. Hay comprometidos miles de millones de dólares en proyectos. También la cartera de inversiones en energías limpias alcanza cifras sin precedentes.

Segundo, con los actuales estándares, Chile posee el 23% de las reservas potenciales estratégicas para los próximos 35 años, generando el 28% de la producción mundial de cobre.  Puede haber mucho más cobre, incluso se puede hablar de reservas posibles para los próximos 75 años, pero son yacimientos antiguos que han ido bajando su ley (0,7 o 0,6%), con difícil acceso, alta inversión tecnológica, alto impacto ambiental y cuya explotación debe considerar el paso de los óxidos a los sulfuros.

También, conocemos de las impurezas del mineral de muchos yacimientos, lo que obliga a someterlo al menos a un proceso de tostación. Hace cinco años la Comisión de Minería del Senado elaboró una propuesta en materia de Refinerías y Fundiciones. Ningún gobierno ha respondido a este desafío. Mientras ello no se resuelva seguiremos exportando concentrados, los que, adicionalmente, seguirán permitiendo, sin el adecuado control y aforo por parte del Estado, la exportación de otros minerales sin retribución alguna para el país. Es urgente legislar y adecuar la normativa en torno a los Laboratorios que hoy certifican la exportación de minerales.

Tercero, Codelco es un capítulo al debe. Su crónica necesidad de capitalizar parte de sus utilidades para explorar, descubrir nuevos yacimientos, invertir y   explotar sus pertenencias, comienza a ser crítica y amenaza el futuro de la empresa. Lo mismo acusa su ausencia en operaciones en el exterior. El quiebre de las relaciones entre el directorio y los sindicatos destruyó un capital reputacional esencial de la estatal y abrió una “privatización encubierta” de sus operaciones. Los gobiernos corporativos están bajo sospecha y la relación de Codelco con su entorno geográfico y social perdió todo sello distintivo.

Cuarto, los efectos multiplicadores de la minería son mucho más significativos de lo que suele conocerse. En los registros de la Asociación de Industriales de Antofagasta figuran mil cuatrocientos rubros productivos y no menos de 3.500 empresas proveedoras. De ellas, 1.500 tienen sucursales en la Región de Antofagasta. Y la mayoría son Pymes de alta sofisticación. Hay aquí un alto potencial para avanzar en encadenamientos y también en la industria de las Patentes, el magno negocio del futuro.

Quinto. Necesitamos más contratación local y gerentes viviendo en las ciudades mineras del país.  El Nuevo Chile impone a las grandes mineras cambios en su política de contratación y de recursos humanos. Necesitamos empleo local y gerente in situ. Si la mano de obra y los especialistas no estuvieran en la región -argumento varias veces escuchado- será entonces el momento tomar el toro por las astas e invertir de verdad en formación a partir de la red de colegios públicos, industriales y universidades que hoy existen.  El Centro de Formación Técnica de Calama recién comienza a dar sus primeros pasos y no vemos que haya en esta apuesta aún un respaldo contundente de la industria minera y energética formando a las nuevas generaciones.

Para decirlo en forma simple y sin eufemismos: Chile es y seguirá siendo un país minero, ahí está nuestra mayor riqueza y también está el mayor potencial que tenemos junto a las ERNC para dar el salto al desarrollo. Sobre esas riquezas podremos construir una Nueva Economía.  Pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Es urgente un Nuevo Trato con las Regiones y las Comunidades que permita ir dejando atrás la desconfianza y las tensiones que hoy son evidentes entre nuestra sociedad y la explotación de nuestros recursos naturales.