La Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde a una profunda reforma del marco legal minero, una medida que busca reordenar el sector, atraer capital extranjero y fortalecer el control estatal sobre los recursos estratégicos del país.

El nuevo instrumento sustituye normativas vigentes desde 1999 y 2015, estableciendo una estructura más amplia para regular la exploración y explotación de minerales como el oro, diamantes y otros recursos considerados estratégicos. La ley fue aprobada por unanimidad y forma parte de una estrategia para reactivar la economía venezolana mediante la diversificación productiva.

Entre los cambios clave, se abre la puerta a la participación de empresas privadas, estatales y extranjeras bajo esquemas de concesión que pueden extenderse hasta 30 años, con posibilidad de prórrogas. No obstante, el Estado mantiene la propiedad de los yacimientos y refuerza su rol como actor central en la cadena minera.

La reforma también introduce nuevos mecanismos fiscales, como regalías e impuestos a la actividad extractiva, además de permitir arbitraje internacional para resolver disputas, un punto orientado a ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

Otro aspecto relevante es la potestad del Ejecutivo para declarar ciertos minerales como estratégicos y delimitar zonas de explotación bajo criterios de seguridad nacional. Asimismo, el Banco Central de Venezuela tendrá prioridad en la compra de oro, consolidando el control estatal sobre este recurso clave.

El gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha defendido la ley como un paso necesario para modernizar el sector y alinearlo con estándares internacionales. La iniciativa surge en un contexto de mayor interés internacional, especialmente tras señales de apertura hacia inversionistas extranjeros.

Sin embargo, el impulso minero ocurre en medio de cuestionamientos históricos sobre el impacto ambiental y social de la actividad, así como la presencia de minería ilegal en amplias zonas del país, lo que plantea retos para la implementación efectiva del nuevo marco regulatorio.

Con esta reforma, Venezuela apuesta por convertir su riqueza mineral en un nuevo motor económico, en un momento en que busca reducir su dependencia del petróleo y recuperar la confianza de los mercados internacionales.