El 3 de agosto, finalmente el Ecuador recobró el control institucional de una parte ínfima de su territorio, la parroquia de Buenos Aires, que estaba maniatada por 40 antimineros radicales, quienes realizaban prácticas como quema de campamentos, amedrentamientos a las personas, golpizas, insultos a la prensa que difunde la realidad del sector y linchamientos mediáticos.

Resulta positivo para el Ecuador recuperar estos espacios, para que la ley impere en todos los escenarios, estamentos y territorios de nuestro país.

La fuerza pública tuvo que accionar en la parroquia de Buenos Aires debido a que estos grupos en contra de la minería y mineros ilegales controlaban el ingreso a la zona en base a un discurso relacionado a la resistencia que, si bien está contemplada como un derecho humano, no implica la posibilidad de aplicar agresión física a una persona, daño la propiedad privada y, sobre todo, falsear la verdad.

A partir de este día los antimineros deberán comprender que los canales de protestas no son subjetivos ni a criterio autoritario, sino aquellos que están dentro de la ley, es decir, acciones que no atenten contra los derechos de otros ciudadanos.

Por ende, la resistencia minera puede expresarse en redes sociales, en cánticos, protestas pacíficas, pero no en el impedimento de la libre circulación, menos aún, en el uso de la violencia física y de la fuerza.

Esta recuperación del territorio nacional representa noticias prósperas para todos los ciudadanos, incluidos para quienes se oponen al desarrollo de la minería.

El sector minero y la inversión en este ámbito resultan favorecidos de esta acción por parte de las fuerzas de orden público, ya que permite el trabajo y desarrollo del Ecuador para lograr la reactivación económica.