- Anuncios -Las principales entidades financieras del país —incluyendo bancos públicos, privados y cooperativas— se alistan para acatar una nueva resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria que modifica el régimen del encaje bancario y será de cumplimiento obligatorio desde mediados de enero de 2026.
La Resolución JPRFM-2025-014-M introduce cambios relevantes en los requisitos de liquidez del sistema financiero ecuatoriano. Conforme a esta normativa, los bancos privados y públicos con activos superiores a 1.000 millones de dólares deberán mantener un encaje del 5 %, mientras que las entidades de menor tamaño tendrán una tasa reducida del 4 %.
En el sector popular y solidario —cooperativas y mutualistas—, los porcentajes oscilan entre el 4 % para los segmentos mayores hasta el 1 % para las cooperativas más pequeñas. Además, la resolución permite que una parte significativa del encaje se constituya con instrumentos emitidos por el Estado, como bonos de deuda pública con vencimiento inferior a 360 días: hasta 45 % para bancos privados y populares, y hasta 75 % para entidades públicas.
El calendario de implementación establece que los requisitos deberán cumplirse entre el 15 y el 21 de enero de 2026 para la mayoría de instituciones financieras, mientras que las cooperativas del segmento 3 tendrán una prórroga hasta entre el 4 y el 10 de junio de 2026.
Debate sobre liquidez y sostenibilidad
La medida ha generado críticas entre analistas económicos, quienes consideran que esta reforma de encaje podría estar motivada más por las necesidades fiscales del Gobierno que por criterios técnicos de fortalecimiento financiero. Según el economista Pablo Lucio Paredes, de la Universidad San Francisco de Quito, el ajuste constituye una forma de “préstamo obligatorio” del sistema financiero hacia el Estado, ya que parte de las reservas de liquidez se canalizarán hacia la compra de deuda pública.
Paredes advierte que esta estrategia reduce la disponibilidad de recursos para créditos productivos, lo que podría impactar negativamente tanto al acceso al financiamiento como a la estabilidad del sistema bancario. Al concentrar liquidez en instrumentos estatales, la capacidad de los bancos para responder a imprevistos o atender la demanda crediticia se ve reducida, según sus observaciones.
Repercusiones para clientes y sector financiero
Los cambios en el encaje y la mayor posibilidad de que este se componga con bonos estatales han generado preocupación entre empresarios y usuarios del sistema financiero. La principal inquietud se centra en si la menor liquidez disponible podría traducirse en una contracción del crédito para consumo e inversión, afectando tanto a hogares como a empresas.
La nueva resolución forma parte de un conjunto de ajustes normativos en el sector financiero que buscan mayor resiliencia, aunque sus efectos reales sobre la economía ecuatoriana y la salud del sistema bancario serán observados de cerca durante los próximos meses.
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