Cámara de Pequeña Minería del Napo rechaza mentiras del sector antiminero y pide mesa técnica al Gobierno

Napo. La Cámara de Pequeña Minería del Napo ofreció este día una rueda de prensa en la que rechazó lo que calificó como mentiras difundidas por sectores antimineros en la provincia. Los dirigentes desmintieron que en el Napo circulen 18 millones de dólares diarios producto de la actividad minera, así como la supuesta organización de una marcha para tomarse Quito en contra del Gobierno.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE), Guillermo Godoy, fue enfático en señalar que el sector formal de la pequeña minería actúa dentro del marco legal y que su principal pedido es el diálogo con las autoridades.

“Lo que solicitamos es una mesa técnica con las autoridades mineras para darle viabilidad a la minería formal del Napo”, expresó Godoy, al referirse a la necesidad de revisar y levantar las sanciones que actualmente afectan a concesionarios que —según indicó— cumplen con los requisitos jurídicos, ambientales y financieros establecidos en la ley.

Hoja de ruta y asamblea territorial

En la rueda de prensa, realizada en la provincia de Napo, los representantes del gremio informaron que se ha establecido una hoja de ruta que incluye la convocatoria a una asamblea territorial con todos los concesionarios mineros de la provincia.

El objetivo de esta asamblea será unificar criterios, recoger propuestas y emitir nuevas resoluciones frente a la actual situación del sector, marcada por la suspensión de actividades y el debate público sobre la minería en la Amazonía.

Los dirigentes insistieron en que la pequeña minería formal no puede ser equiparada con la minería ilegal y que están abiertos al diálogo con el Gobierno para encontrar soluciones técnicas y jurídicas que permitan reactivar las operaciones dentro de la legalidad y bajo estándares ambientales.

Finalmente, reiteraron su disposición a trabajar en coordinación con las autoridades nacionales y locales, con el fin de garantizar seguridad jurídica, estabilidad económica y desarrollo para las familias que dependen de esta actividad en el Napo.