Carolina Orozco: “La minería ya no es una opción, es una realidad”

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Entrevista a Carolina Orozco. Directora Cámara de Minería del Ecuador

¿Qué necesita el sector minero para atraer más inversiones ante el escenario actual y qué constituyen desafíos para este gobierno en el 2024?

En el inicio de este período de la Cámara de Minería, convocamos a una reunión con todos los socios para discutir y acordar las prioridades del sector frente al nuevo Gobierno y la situación del país. Durante este encuentro se identificaron 5 temas prioritarios que, aunque hay muchos otros pendientes, se decidió enfocar como pilares fundamentales. El orden en el que se presentan no refleja prioridad, ya que todos son igualmente importantes.

1. Política Minera como Política de Estado:
Es esencial que la política minera sea considerada una política de Estado, trascendiendo a los gobiernos de turno. El respaldo explícito del actual Gobierno a la minería responsable debe ser implementado y seguido por todas las autoridades estatales en todo el país. La directriz del Presidente debe ser respetada y ejecutada por sus delegados en ministerios, coordinaciones zonales, gobernaciones, jefaturas, y otros niveles administrativos, asegurando que el mensaje llegue a todos los rincones del territorio nacional y se cumpla de manera efectiva.

2. Seguridad Jurídica:
La expedición de una Ley de Consulta Ambiental, conforme a la sentencia del 17 de noviembre por parte de la Corte Constitucional, es crucial para brindar seguridad jurídica no solo al sector minero, sino a toda la industria del país. A pesar de las Licencias Ambientales emitidas, la expedición de esta Ley por parte de la Asamblea Nacional es necesaria. La construcción de esta Ley debe involucrar a la sociedad civil, la Asamblea Nacional, el Estado Central y la industria, con el objetivo de garantizar criterios técnicos adecuados.

3. Ley de Consulta Previa, Libre e Informada:
La expedición de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada también es esencial para brindar seguridad jurídica al sector. Esta ley garantizará la consulta a los sujetos que tienen el derecho de ser consultados, según la Constitución del Ecuador.

Sobre la aplicabilidad de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), es un derecho de los sujetos a ser consultados de acuerdo a la Constitución del Ecuador, no de todos; y ¿qué quiere decir esto?, que en los espacios del territorio nacional donde no se identifique sujetos a ser consultados con CPLI, la espera de expedición de dicha Ley no es necesaria pues no aplica. En esos sitios, más que una Ley, para otorgar concesiones se requiere voluntad política.

4. Seguridad:
Garantizar la seguridad física del personal en los proyectos mineros y la infraestructura asociada es crucial. Dada la actual crisis de seguridad en Ecuador, esta prioridad se vuelve aún más apremiante. Combatir la extracción ilegal y los vínculos con el crimen organizado es esencial para mantener un entorno seguro para los proyectos mineros.

5. Catastro Minero:
La apertura del catastro minero es un paso importante, pero debe abordarse después de superar los desafíos de seguridad jurídica y física mencionados. Además, es fundamental apoyar y avanzar con los proyectos existentes. Para atraer inversión internacional, es crucial abrir el catastro para empresas que consideran a Ecuador como un posible destino de inversión, conforme a la propuesta del Plan de Gobierno del Presidente Noboa. La aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada debe considerarse según la Constitución, siendo necesaria en los lugares donde existan sujetos a ser consultados, y no aplicando en áreas donde no se identifiquen dichos sujetos. En estos casos, la expedición de una ley no sería necesaria, sino que se requeriría voluntad política para otorgar concesiones.

Consecuencias a largo plazo de las consultas populares como en el caso del Chocó Andino y varios cantones en Azuay

Mantengo firmemente mi convicción de que prohibir no es la manera de proteger. En Ecuador, ya no podemos plantearnos la pregunta de si queremos o no minería; la minería es una realidad inevitable. La cuestión crucial que todos los ecuatorianos deberíamos abordar es “¿qué tipo de minería deseamos?” Ya que los recursos minerales serán explotados, la elección recae en optar por empresas responsables o permitir operaciones ilegales llevadas a cabo por delincuentes. Prohibir una actividad lícita solo abre la puerta a prácticas ilegales, especialmente en el ámbito minero.

Es esencial que abordemos no solo la cuestión de permitir o no la minería, sino también los estándares ambientales que deseamos para una minería responsable. Además, debemos profundizar en conversaciones sobre la utilización equitativa de los recursos económicos que el Estado obtiene de la minería responsable. ¿Cómo podemos lograr una redistribución justa y a qué áreas debemos destinar estos recursos? Por esta razón, destaco la imperiosa necesidad de una política minera que establezca claramente la hoja de ruta en cuanto a cómo, cuándo, por qué y para qué se llevará a cabo la minería, siempre asegurando el bienestar común de los ecuatorianos, ya que al final, estos recursos minerales pertenecen a todos.

¿Qué opina de las preguntas de la consulta popular en relación con la minería ilegal?

Aplaudo y respaldo cualquier medida que el Gobierno tome para combatir la extracción ilegal, y estoy agradecida por ello. En cuanto a la pregunta 3 de la consulta popular, aunque reconozco su intención de abordar el problema de la minería ilegal, la encuentro algo confusa. En mi interpretación, parece reafirmar lo que ya está establecido en la normativa actual. Si un concesionario causa daño ambiental o permite actividades ilegales en su concesión sin tomar medidas correctivas, las autoridades ya poseen la competencia y las atribuciones para iniciar el proceso de caducidad de dicha concesión mediante el amparo administrativo y/o denuncias correspondientes. La aprobación popular no es necesaria para que el Estado ejerza sus competencias en este sentido.

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