Caso Muyuyacu: intereses, políticos y burócratas

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Un reportaje del medio digital Periodismo de Investigación develó lo que en Prensa Minera se había alertado desde semanas atrás, las irregularidades que engloban la concesión Muyuyacu, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.

Este proyecto minero de oro y cobre de 1 176 hectáreas (que inicialmente eran 800 hectáreas, pero tras una acumulación de concesiones aumentó su cuerpo), es hoy operado entre la Empresa Nacional Minera (Enami) EP, la cual posee el 33.33 % y Oromining SA, con el 66.66 %.

Pero esta distribución ni los operadores siempre fue igual. Tal y como señalan los colegas periodistas: “Como una lotería ilegal el Estado ecuatoriano rifó el premio gordo y las ganadoras fueron dos empresas off shore, de las que nadie sabe quiénes son sus accionistas”, cita el reportaje.

Se refiere a Gaby Panamá y Guadalupe Mining Corporation, empresas que actualmente son representadas en Ecuador bajo Oromining SA, por los extranjeros Carlos Flores y Carlos Huerta.

La disputa legal por el proyecto minero remonta desde 2012, cuando el Estado realizó una incautación, que las empresas extranjeras alegaron como una “vulneración a sus derechos constituciones”, esta demanda daría pie para construir lo que hoy significa pérdidas al Estado.

La jueza Nelly Parrales Córdova, en el 2020, puso en conocimiento de la Enami “que la compañía Gaby Panamá Corporation era parte de la restitución de derechos y por tanto beneficiaria de las ganancias futuras de la explotación de la mina”. Dicha modulación establecía la restitución del 55 % de los derechos mineros.

En este momento ya no se trataba de 800 hectáreas, o sea, no existía el cuerpo inicial, por lo tanto, a través de una regla de tres, se ordenó dividir la concesión por resolución del Ministerio de Energía.

María Elena Hurtado Muñoz, viceministra de Minas encargada, respondiendo a criterios personales, emitió directrices para la reparación integral de Oromining.

Gabriela Jaramillo, la entonces coordinadora zonal centro sur encargada, en la resolución MERNNR-CZCS-2021-0135-RM del 10 de junio de 2021, asignó dos tercios para las empresas panameñas y un tercio para la Enami, afectando de esta manera al Ecuador.

Hasta ese momento la Enami controlaba el 33 % de la concesión, pero si el Estado no había perdido lo suficiente, en el 4 de agosto de 2021, Rodrigo Aguayo Zambrano, en su calidad de gerente de la empresa y sin previa autorización del Directorio, a través de un contrato de mandato, cedió la administración a Oromining, de su porcentaje correspondiente.

Pero la historia no culmina aquí, existe una nueva empresa que se vincula al proyecto, se trata de CORPMINSUR, empresa donde participan los presentantes legales de Oromining, es decir, Carlos Flores y Carlos Huerta y el gerente es el alcalde del cantón Ponce Enríquez (donde precisamente se ubica la concesión), Baldor Bermeo.

Demás está decir que al ser un funcionario la ley le prohíbe celebrar contratos con el Estado, es decir con la Enami.

Además, en San Alfonso, en la última reunión donde se discutieron los contratos de operaciones en la concesión (en la que no participó Enami), se informó que sería Bermeo quien decida, en su calidad como gerente y bajo sus criterios e intereses personales, qué empresas pueden operar en la concesión.

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