El catastro minero es un tema controversial

Opinión

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Cuál es su opinión sobre el cierre del catastro minero y el sin número de trámites que se encuentran represados por el Ministerio de Energía y Minas desde los años 2016 y 2017?

El cierre del catastro minero ha significado un retroceso para el sector, más de 500 trámites de pequeña minería y minería industrial no han tenido la atención necesaria por parte del ministerio, esto se ha visto reflejado en un perjuicio para los pequeños mineros, el que más trabajos directos genera dentro del sector, y que han esperado por años atención a sus trámites, sin embargo, se ha visto una luz al final del túnel, ya que las autoridades ministeriales en la actualidad, se encuentran en ejecución de la resolución ARCERNNR-ARCERNNR -2022-0025-RES de marzo del 2022, la cual es una ampliación a la resolución Nro. 001-DE-ARCOM-2018 emitida el 24 de enero 2018, con la que se cerró el catastro minero, con esto el ministerio debe viabilizar la ejecución de las disposiciones contenidas en la resolución ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0007-RM del 01 de diciembre del 2021. El ministerio al parecer ya dispuso a sus autoridades, dar continuidad con el procedimiento hasta la entrega de los títulos mineros. En estas semanas, se ha evidenciado la entrega de varios títulos, lo que nos hace notar el cumplimiento y la gestión de las autoridades.

Qué deben hacer las autoridades competentes, frente a la falta de atención de los trámites en torno al sector minero, y de no hacerlo que impactos habrá en un futuro?

El Gobierno debe agilizar los trámites que cumplan efectivamente con la ley, a través del cumplimiento de las disposiciones de la resolución ministerial de diciembre del 2021, deben realizar la verificación hasta la entrega de títulos mineros.

Al no dar paso a los trámites de minería legal, se expone a que los territorios sean ocupados por mineros ilegales, que destruyen la naturaleza, el tejido social y no contribuyen al país en el aspecto económico. Un Estado organizado puede luchar contra la minería ilegal, y controlar que no aumenten los focos de contaminación que provoca esta actividad ilícita.

Varias de las zonas que se encuentran bajo pedidos de concesión minera, actualmente, están siendo afectadas por la minería ilegal, han quedado varios pasivos ambientales irreparables, por tal razón, respaldamos la gestión de promover una minería legal, responsable y amigable con el ambiente.

En un tiempo cercano, el Distrito Metropolitano de Quito, soportará una consulta para prohibir la minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino, cuál es su testimonio al respecto?

El Chocó Andino ha sido declarado como Reserva de Biosfera, que territorialmente, incluye a las seis parroquias de: Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, Gualea y Pacto. Toda esta zona megadiversa, forma, para quienes hemos nacido en estas parroquias, el escenario natural de nuestro desarrollo, que ha incluido la minería. No obstante, se han dicho muchas mentiras en relación a la prohibición de la minería en el sector. Por una parte, los movimientos ecologistas, señalan que la minería ha contaminado estos espacios, en el sector no existe contaminación por la industria minera, existen 12 concesiones que se encuentran en etapa de exploración, las mismas que representan una fuente de desarrollo, divisas y empleo para quienes vivimos aquí.

Es necesario que la ciudadanía se informe y entienda, que solo son algunos espacios en los cuales la minería responsable es desplazada, y la seguridad jurídica es negada, despojada por este tipo de consultas, que abre espacios para que la minería ilegal llegue y tome el control de la zona, afectando al Chocó Andino, que nosotros como mineros y geólogos también, por supuesto, amamos y defendemos. Porque hemos crecido en el Chocó Andino, aquí están las concesiones en las que trabajamos y la tierra en la que hemos crecido.

Finalmente, traer a la memoria colectiva, que con la consulta antiminera de Azuay, solo se consiguió frenar el desarrollo local. Además, ante la salida de la empresa minera, dueña del proyecto Río Blanco, el país enfrenta un arbitraje internacional por USD 480 millones de dólares, mismos que debe pagar cada ecuatoriano, pero lo que no se dice es que ahora este sitio está plagado de varios frentes de minería ilegal. Por esta razón, debemos hacer conciencia sobre qué tipo de minería queremos para nuestro país.


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