Colombia dejó de recibir US$ 5.600 millones por minería ilegal de oro, según estudio

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El tanque de pensamiento estadounidense Global Financial Integrity (GFI), en cooperación con la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), publicó un informe en el cual analiza el impacto económico, social y ambiental de la minería ilegal en Colombia.

“Se examinan las principales problemáticas en los ámbitos ambiental, comercial y social de la minería de oro legal, ilegal e informal, y se presentan recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional alrededor de la transparencia y el desarrollo económico”, dice el documento.

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que en toda la cadena de valor de la minería en Colombia, desde el proceso de extracción del metal precioso, hasta su comercialización (y eventual exportación a mercados internacionales), hay actividades de corte criminal como facturación fraudulenta, extracción ilegal, flujos financieros ilícitos y lavado de activos.

Los investigadores también encontraron “afectaciones profundas” en el medioambiente debido a prácticas no sostenibles que afectan la biodiversidad y riqueza natural del país.

Por otra parte, señala que las comunidades mineras que se dedican a la extracción artesanal de oro, que usualmente han sido señaladas como responsables de estas afectaciones, no siempre están relacionadas con este tipo de actividades ilícitas y también son víctimas de toda la cadena de poder que está ligada al comercio ilegal de oro.

Según el documento, entre 2010 y 2018 Colombia dejó de recibir US$ 5.600 millones (más de $ 18 billones) por culpa de la minería ilegal.

“Entre 2010 y 2018, las exportaciones reportadas por Colombia, frente a las importaciones reportadas por los países con los que se comercializa oro de forma legal, no coinciden, dejando un vacío de US$ 5.600 millones. Dinero que no entró a los ingresos de la nación y, muy probablemente, se quedó en manos de actores ilegales”, dice el texto.

La investigación va más allá y revela que los principales compradores del oro ilegal de Colombia son los estadounidenses.

“Al analizar la información y los casos públicos sobre incautaciones de oro ilícito, se encontró que el destino al que más se exportó oro ilegal es Opa-Locka, Florida. Son Estados Unidos y Suiza los compradores más grandes de oro colombiano”, dice.

Con el fin de evitar las pérdidas fiscales que genera la minería ilegal, los investigadores recomiendan que el país centre sus esfuerzos en combatir la facturación fraudulenta, promoviendo legislaciones que favorezcan la identificación de los beneficiarios finales del oro y las prácticas más transparentes a nivel comercial.

El documento hace un llamado de atención y resalta los efectos negativos que tiene la minería ilegal en el medioambiente y los ecosistemas colombianos. Según el texto, hay por lo menos seis especies en vía de extinción por culpa de la minería ilegal en Colombia.

“Las autoridades ambientales en Colombia deben priorizar planes de respuesta específicos para salvaguardar las seis especies que se encuentran en peligro crítico de extinción por causa de actividades mineras informales e ilegales, antes que sea demasiado tarde. Más de 10.000 hectáreas dedicadas a la explotación aluvial de oro están ubicadas en lugares con altos niveles de deforestación”, dicen los investigadores.

Otra recomendación hecha es buscar que la normativa vigente alrededor de la minería artesanal y de pequeña escala sea adecuada e identifique los vacíos en materia de diferenciación entre minería artesanal y minería ilegal.

“Actualmente, cumplir con los requisitos legales para operar suele ser un desafío insostenible para muchas familias que viven de esta actividad”, dice el análisis.

El documento finaliza afirmando que los canales más utilizados para comercializar oro de forma ilegal son las compañías fachada, el correo humano y a través de los canales tradicionales de comercio internacional.

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