Comunidades analizan acciones contra la minería

Tomado de: Diario EL TELÉGRAFO www.eltelegrafo.com.ec

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Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga.

Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre. Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica.

En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años.

Sin embargo, esos recursos podrían verse afectados si la población de Girón vota en contra de la realización de este proyecto en la consulta popular que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 24 de marzo.

Parcialmente estaba suspendida por decisión judicial, debido a que un juez de primera instancia resolvió frenar la consulta, tras el pedido de amparo constitucional del colectivo “Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando”, quienes respaldan la realización del proyecto Loma Larga.

Pero el Tribunal contencioso electoral (TCE) decidió que la consulta seguirá su curso normal. Y desconoce la actuación del administrador de justicia que pidió suspender la consulta.

Al respecto, Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa en el ámbito constitucional, considera que, de haber una consulta popular, debe ser a nivel nacional.

En el caso de ser local, se debe tomar en cuenta a los tres cantones del área de influencia: Cuenca, Girón y  San Fernando, y no solo a uno.

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