Un efecto “LASSO” para la minería en Ecuador.

A principios de este año, vimos al Banco Central reportar que las exportaciones del sector minero habrían superado los 1.000 millones de dólares durante el 2020. Un resultado inédito a pesar de las limitaciones que produjo la pandemia, y con esto, se colocaron en el quinto lugar de las exportaciones no petroleras. Sin embargo, las agrupaciones ambientalistas, algunos políticos locales y los entonces candidatos a la presidencia, realizaron muchas desatinadas aseveraciones en relación al futuro y viabilidad del sector.

Sin importar la generación de empleo, la recaudación de impuestos y el impacto favorable en la balanza comercial. Los oscuros intereses de grupos radicales encuentran en la política “verde” y las redes sociales, un caldo de cultivo para desinformar a la opinión pública. Así, logran la falsa percepción de tener que “escoger” entre la minería o la naturaleza, dejando de lado la realidad técnica sobre el uso del agua y el cuidado del ambiente, que ha demostrado el sector. Esta percepción luego aparece en el discurso de los políticos (candidatos o en funciones) que replican estas afirmaciones y las incorporan en sus expresiones cotidianas. Con esto pretenden impactar en un tema popular entre las nuevas generaciones, a pesar de no tener conocimiento real sobre el tema.

Por otra parte, poco ha logrado el sector minero (nacional y a nivel global) al tratar de generar conciencia en la ciudadanía sobre temas como el uso de minerales en la fabricación de los aparatos tecnológicos de uso cotidiano, como el celular en que usted está leyendo o la computadora en la que estoy escribiendo. Tampoco logró demostrar que todos los tratamientos (desde las vitaminas) que se han implementado en contra del COVID 19, utilizan equipos médicos que serían imposibles sin la extracción y beneficio de metales como el oro o el cobre. Lamentablemente, menos ha logrado generar conciencia sobre las personas que trabajan en el sector, quienes proporcionan sus conocimientos y mano de obra para el desarrollo de los proyectos en todas sus etapas.

Como usualmente sucede ante los cambios, la llegada de un nuevo Gobierno ilusiona a las decenas de miles de trabajadores del sector, pues podría representar una oportunidad para implementar una política pública que logre unir a los tres actores principales de la minería, el Estado, la población (comunidades y ciudades) y las empresas. Sin duda que la tarea no será sencilla, pero lo poco será mucho, si consideramos lo baja que deja la vara la Administración actual.

Para ver lo poco que se avanzó durante el último Gobierno, bastará con recordar que mantuvo por tres años –sin justificación alguna- cerrado el catastro minero y con esto, ha impedido el otorgamiento de nuevas concesiones. Además, se eliminó el Ministerio de Minería y su Agencia de Control (en ambos casos para fusionarlos con los sectores de hidrocarburos y energía), se debilitó la capacidad de control en el Ministerio del Ambiente, que mantiene más de 2.000 –sí, más de dos mil- trámites pendientes de licenciamiento ambiental para proyectos mineros. Entre otras perlas, el mismo Gobierno promovió y permitió la ejecución de Consultas Populares antimineras, y, finalmente, no se combatió la extracción ilícita (minería ilegal) mientras su negligencia permitía que prolifere en lugares como Buenos Aires, Loja, Esmeraldas, Ponce Enríquez, Santa Rosa, entre muchos afectados.

Por eso, con la esperanza de que el nuevo Gobierno pueda “enlassar” el desarrollo del Ecuador con los beneficios que se obtienen de una actividad minera con responsabilidad, me permito sugerir algunas ideas que podrían tener un efecto favorable en el futuro del sector. Sinceramente aspiro que sean analizadas en contexto y sin sesgo, ideas a las que por supuesto se podrán unir todas las que ustedes, consideren positivas para un sector que no merece ser discriminado durante cuatro años más.

1. Actualizar las inversiones comprometidas y sincerar las cifras.

Las subastas públicas que se realizaron durante los años 2015 y 2017 para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, resultaron un proceso complejo e innovador, con resultados exitosos que ameritó incluso el reconocimiento internacional. Sin embargo, las limitaciones burocráticas propias de un país en curva ascendente de aprendizaje, los retos del entendimiento sobre el territorio, las modificaciones normativas constantes y la pandemia, han afectado la planificación y la ejecución de las inversiones comprometidas (y que fueron consideradas durante las subastas).

El nuevo Ministerio, debería solicitar a las empresas adjudicadas en esos procesos, una actualización de sus inversiones propuestas, de tal manera que se pueda prevenir que incurran en incumplimientos –causales de caducidad- que amenacen la vigencia de sus concesiones por razones ajenas a su responsabilidad.

2. Planificar la apertura de catastro, sin mantener reservas previas, ni preferencias.

Con motivo del cierre repentino del catastro minero en 2018, existieron reservas de áreas y peticiones directas que se quedaron sin conocerse públicamente, ni tramitarse administrativamente. Desde entonces han transcurrido tres años y las condiciones económicas, legales y técnicas han variado drásticamente. En consecuencia, el nuevo Ministerio debería, en mérito de la transparencia que estos procedimientos ameritan, archivar todas las peticiones o reservas que estuvieran pendientes. Luego se requerirá una planificación para la apertura del catastro, que permita proveer a los interesados, información social y ambiental adecuada de los territorios que se pretendan concesionarse.

A esta altura, ha sido obvio que la apertura del catastro minero no requiere de las altas complejidades que las recientes autoridades han manifestado, sino de información adecuada y de voluntad política. Para prevenir que se convierta en una amenaza para las actuales empresas en exploración, el proceso de apertura deberá priorizar a quienes han logrado información geológica y así, impedir que terceros especulen sobre sus resultados. También se deberá ponderar el desempeño social, ambiental y regulatorio que tuvieron durante los últimos años estas empresas en su actividad exploratoria.

Finalmente, el Estado debería definir sus áreas mineras especiales, en las que podría incentivar la llegada de empresas mineras mediante mejoras tributarias o compromisos de conservación ambiental.

3. Distribuir la recaudación de impuestos mineros a los territorios.

En ninguno de los proyectos de reforma de la Ley de Minería que se han propuesto desde su publicación en el año 2009, se ha debatido la oportunidad de implementar una asignación directa a los territorios (cantones y parroquias) dentro de las zonas de influencia de los proyectos mineros en exploración. El Estado central recauda por concepto de patentes de conservación anual, una suma que superó los $16 millones de dólares en el año 2020. Sin embargo, poco o nada de aquello llega a los territorios durante la fase exploración, que conforme a la Ley de Minería puede tomar hasta doce años.

Las empresas concesionarias mineras, no pueden sustituir la presencia del Estado en el territorio. Sin embargo, todas deben cumplir con el pago de patentes anuales de conservación desde el otorgamiento de las concesiones. Estos valores podrían tener un impacto relevante si se distribuyen en los cantones y parroquias que se ven involucrados en las actividades exploratorias; sobre todo porque su capacidad de recaudación de tributos es mínima. El nuevo Gobierno podría definir una asignación directa mediante una reforma tributaria.

4. No promover más restricciones y eliminar las que no tengan un sustento técnico.

En la Región y en Ecuador hemos visto el uso de mecanismos de participación ciudadana como parte de la agenda en contra del sector minero. Lamentablemente, el Estado ha carecido en los últimos años de una posición clara en relación al respeto y ejercicio de sus competencias constitucionales, y por el contrario, ha “flexibilizado” una suerte de gobierno por opiniones, donde las encuestas de popularidad o las redes sociales, han superado a los intereses nacionales. Con esto han permitido la reducción del mapa para el otorgamiento de nuevas concesiones y como siempre, sin generar opción alguna para mejorar la calidad de vida de las personas o del ambiente en los mismos lugares que se prohíben.

Mediante el abuso de la Ley varios activistas han promovido la violencia, la desinformación y la deslealtad judicial, interponiendo además a su voluntad acciones constitucionales que han retrasado el desarrollo de proyectos en exploración como Loma Larga, y en otros casos han paralizado la explotación de minas, como sucedió con Río Blanco. Al parecer, el mismo Estado ha decidido ser indiferente al riesgo de exponerse ante demandas internacionales.

En consecuencia, sería deseable que el nuevo Gobierno se abstenga de proponer e impulsar nuevas restricciones para el sector minero y por el contrario, promueva y provea a las carteras de Estado y Agencias de Control, con los recursos económicos suficientes para cumplir con el monitoreo adecuado de las actividades mineras en todos los territorios. Solo así se logrará la tranquilidad y confianza de las comunidades.

5. Especializar la promoción internacional.

La mayoría de empresa mineras que invierten en exploración -más aún en jurisdicciones complejas como la nuestra- necesitan de una percepción positiva en los mercados internacionales, para lograr financiar sus actividades. En ese entorno, la participación del Estado con delegaciones especializadas en las ferias internacionales será vital para poder disipar las dudas y preocupaciones, que se pudieren conocer de parte de quienes generan opinión en esos mercados de inversión.

En esta sugerencia, será vital la participación activa de las embajadas y oficinas comerciales en países del extranjero, sobre todo en aquellos en los que exista un interés histórico en la actividad, tales como Canadá, Australia, Inglaterra o Estados Unidos.

6. Combatir frontalmente a la minería ilegal, sus aliados y financiamiento.

El mayor enemigo del desarrollo adecuado del sector minero es la llamada “minería ilegal”, pues tiene graves impactos ambientales, sociales, en la opinión pública y se presta para el cometer innumerables delitos. También se deberá identificar el financiamiento de grupos violentos que se disfrazan de «preocupación ambiental» y logran un «activismo de Manual”. Todo aquello con una clara agenda, impedir el desarrollo de proyectos legítimos para permitir que se multipliquen los frentes de extracción ilícita.

El nuevo Gobierno deberá mantener un discurso esclarecedor que no permita a quienes, mediante engaño, violencia y desinformación, alegan ser “criminalizados” por sus propios delitos. Pero será imperativo también, que respete a los que mediante herramientas legales propongan una verdadera protesta pacífica, con legítimas preocupaciones sociales o ambientales. Para aquello, será fundamental fortalecer la presencia del Estado en los territorios, de la mano de procesos reales de socialización y transparencia de la información de las actividades mineras, así como incorporar a la veeduría ciudadana en su control.

Finalmente, sin duda hay más medidas importantes que se pueden implementar, siempre que el nuevo Gobierno tenga la seria voluntad política de impulsar el sector minero. Al final, lo que debe primar es la atención de las crecientes necesidades insatisfechas de los ciudadanos en materia de trabajo justo, alimentación segura, reducción de la pobreza y acceso a la salud integral.